El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha informado que mantiene una coordinación “constante” con la Comisión Europea para evaluar las implicaciones jurídicas y comerciales del último giro arancelario en Estados Unidos: la sentencia del Tribunal Supremo sobre la base legal utilizada por Donald Trump y el anuncio posterior del presidente de imponer un nuevo arancel global del 10%.

El Tribunal Supremo de EE UU resolvió por 6 votos a 3 que la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA, 1977) no autoriza al presidente a imponer aranceles de forma generalizada. En la práctica, la Corte concluye que, para una atribución de ese alcance, debe existir una autorización clara del Congreso. La decisión supone el mayor revés judicial a la arquitectura arancelaria que la Casa Blanca había defendido como amparada en poderes de emergencia.

El litigio se enmarca en el paquete arancelario anunciado en abril de 2025, recurrido por estados y empresas que cuestionaban el uso de la IEEPA para imponer gravámenes comerciales.

La respuesta de Trump

Tras el fallo, Trump calificó la sentencia de “profundamente decepcionante” y anunció que recurrirá a otras leyes para sostener su estrategia comercial. En paralelo, la Administración ordenó un recargo arancelario temporal del 10% mediante la Sección 122 de la Trade Act de 1974, una vía pensada para medidas de duración limitada (hasta 150 días, salvo extensión del Congreso) vinculadas a problemas “fundamentales” de balanza de pagos.

Además, Trump avanzó nuevas investigaciones bajo la Sección 301 (prácticas comerciales “injustas”) y otras herramientas habituales de la política comercial estadounidense, con el objetivo de preparar un marco más duradero para futuros aranceles.

La posición de España: estabilidad y “red de apoyo” a empresas

Desde el Ministerio de Economía subrayan que “las empresas a ambos lados del Atlántico necesitan un entorno de estabilidad, certidumbre y previsibilidad”, y que España, junto a la UE, defiende un marco comercial “claro” y basado en reglas. El departamento que dirige Carlos Cuerpo señala que mantendrá la red de apoyo a las compañías potencialmente afectadas, a través del Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, y que seguirá asesorándolas y acompañándolas.

Economía añade que España cuenta con “una hoja de ruta propia” y sitúa como prioridades europeas el refuerzo y diversificación de acuerdos con socios estratégicos y la profundización del mercado único para ganar competitividad.

El escenario inmediato combina, por un lado, el encaje jurídico y la aplicación práctica del fallo (incluidas las vías de reclamación y posibles reembolsos en EE UU); por otro, la reacción política y comercial de Washington, que intenta sostener una base arancelaria con instrumentos alternativos y de vigencia limitada.