El 21 de febrero de 2006, un auto judicial ordenó detener las obras del hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. El edificio estaba ejecutado en torno al 95% y la promotora aceleraba los trabajos con turnos nocturnos para llegar a tiempo a la apertura. Veinte años después, la estructura, con sus 21 plantas casi a pie de playa, sigue en el mismo lugar.

La paralización llegó en febrero de 2006 tras recursos impulsados por colectivos ecologistas, como Salvemos Mojácar y el Levante almeriense, al que se sumaron organizaciones como Greenpeace y Ecologistas en Acción, que sostuvieron que la actuación vulneraba la protección del litoral y la ordenación del parque natural. Los tribunales apreciaron entonces riesgos de daño difícilmente reversible si las obras continuaban. A partir de ahí, el caso se convirtió en un conflicto de largo recorrido, con frentes abiertos en lo urbanístico, lo administrativo y lo patrimonial.

Un avance clave en 2026: la calificación del suelo queda cerrada

La principal novedad de este febrero está en el frente urbanístico. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado por cumplida la sentencia que obligaba al Ayuntamiento de Carboneras a modificar su planeamiento y reconocer los sectores ST-1 (El Algarrobico) y ST-2 (El Canillar) como suelo no urbanizable de especial protección, tras constatar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y decretar el archivo definitivo de esa pieza de ejecución.

El debate sobre “qué era” el terreno, al menos sobre el papel, queda resuelto. Pero el derribo no depende solo del planeamiento. El bloqueo se ha desplazado a dos llaves prácticas: la licencia municipal y la expropiación.

La licencia: el expediente existe, pero la anulación no llega

La licencia de obras se concedió en enero de 2003 y hoy sigue siendo el punto más delicado para activar una demolición con garantías administrativas. El Ayuntamiento inició el expediente de revisión de oficio en julio de 2025, pero Greenpeace sostiene que el procedimiento ha quedado “muerto” por plazos al superar los seis meses sin resolución y por la remisión incompleta de documentación al Consejo Consultivo de Andalucía, que mantiene el trámite paralizado a la espera de completar el expediente.

Esa demora ha escalado la presión judicial y social. Greenpeace ha pedido al TSJA que se deduzca testimonio a Fiscalía para investigar una posible desobediencia, alegando una cadena de dilaciones municipales.

La expropiación: vía abierta, pero precio sin cerrar

En paralelo, el Estado mantiene abierta la vía de la expropiación parcial de los terrenos afectados por la servidumbre de protección al amparo de la Ley de Costas, con la idea de hacerse con la superficie que considera invadida por el edificio (unos 16.432 m², sobre un total catastral de 32.654 m²).

El TSJA rechazó las cautelares solicitadas por la promotora Azata del Sol para frenar el procedimiento, al entender que la “necesidad de ocupación” no implica por sí misma una demolición inmediata y que el proceso aún está lejos de ese punto.

El nudo ahora es económico. Según Europa Press, el Ministerio para la Transición Ecológica ha ofrecido en torno a 16.500 euros, mientras la promotora reclama 44,5 millones; ante la falta de acuerdo, la fijación del justiprecio quedará en manos del jurado provincial de expropiación.

Cuando la sentencia no basta: el patrón que se repite en otros puntos de España

El Algarrobico se ha convertido en símbolo por una razón muy concreta: incluso con el suelo “resuelto” y con el edificio paralizado desde hace dos décadas, la ejecución real depende de una coreografía lenta entre administraciones (municipio, comunidad autónoma y Estado), expedientes cerrados sin fisuras, y un capítulo inevitable de costes e indemnizaciones.

Ese esquema de sentencias que avanzan por piezas, licencias que se revisan muy tarde, expropiaciones que se atascan en el precio, y contratos públicos que se frenan por recursos, no es exclusivo de Almería.

Región de Murcia: Puerto Mayor, un derribo que también se demora

En La Manga del Mar Menor (San Javier), el proyecto para retirar las instalaciones de Puerto Mayor y recuperar la Caleta del Estacio ha vuelto a frenarse en 2026, esta vez por la vía de la contratación. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales suspendió cautelarmente la licitación (25,77 millones) tras un recurso de ACOMUR que señalaba errores relevantes en la partida de gestión de residuos.

El parón llega después de años de recorrido jurídico: el Tribunal Supremo rechazó en 2022 el recurso contra la caducidad de la concesión, y el propio TSJ de Murcia ya había avalado la caducidad y la obligación de retirada de instalaciones.

A nivel estatal, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto en octubre de 2025 y el MITECO lo sacó a licitación en noviembre con un plazo de ejecución previsto de 18 meses. Que el expediente vuelva a detenerse muestra cómo, incluso cuando hay una línea de salida administrativa clara, el camino se puede interrumpir por recursos, pliegos y problemas técnicos.

Marina de Cope, un precedente clave en la planificación del litoral murciano

En la Región de Murcia, el caso de Marina de Cope (litoral entre Águilas y Lorca, en el entorno del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope) se convirtió en uno de los grandes precedentes del choque entre urbanismo y protección ambiental. El Tribunal Supremo, en una sentencia de 21 de octubre de 2020, desestimó los recursos de casación de Iberdrola Inmobiliaria y de la asociación de propietarios de la Actuación de Interés Regional (AIR) Marina de Cope, y dejó firme la sentencia del TSJ de Murcia de 25 de enero de 2019, que había anulado las modificaciones de planeamiento municipal vinculadas al proyecto.

El alto tribunal avaló que aquellas modificaciones urbanísticas en Águilas y Lorca se habían tramitado para hacer viable la AIR y que la nulidad declarada tras la sentencia del Tribunal Constitucional 234/2012, que anuló la disposición autonómica que redelimitaba espacios protegidos, arrastraba la validez de instrumentos posteriores aprobados para desarrollar el plan. El proyecto contemplaba una gran operación residencial y hotelera con marina deportiva y campo de golf, dimensionada para una población aproximada de 50.000 personas.

Extremadura: Valdecañas y el coste político de ejecutar

Fuera de la costa pero dentro del mismo tipo de conflicto, Isla de Valdecañas (Cáceres) sigue como ejemplo de choque entre desarrollo y protección. El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de la Junta de Extremadura contra la sentencia del Supremo que ordenaba la demolición del complejo en terrenos Red Natura 2000, y el debate ha seguido pivotando sobre la ejecución, las indemnizaciones y los recursos aún pendientes.

La Tejita y Cuna del Alma, dos frentes distintos con una misma tensión

En Tenerife, el hotel de La Tejita suma años de disputas entre administraciones y tribunales. En 2024, Costas ordenó una nueva paralización, mientras que la Audiencia Nacional ratificó después que el suelo del proyecto era urbanizable y quedaba fuera del dominio público de Costas en el litigio analizado.

En Adeje, el proyecto turístico Cuna del Alma ha concentrado polémica por otra vía: la patrimonial. El Gobierno de Canarias impuso una sanción superior a 229.000 euros por daños arqueológicos calificados como graves e irreversibles, en un expediente que añade a la agenda urbanística la dimensión del patrimonio cultural.

La arista económica: cuando el conflicto acaba en indemnización

En 2025, el Supremo ratificó una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Benidorm a indemnizar con cientos de millones por la pérdida de derechos urbanísticos en suelo del parque natural de Serra Gelada. Es otro recordatorio de que la gestión del urbanismo en espacios protegidos no solo se mide en metros, sino también en riesgos financieros.

El Algarrobico cumple 20 años con un avance indiscutible, la calificación del suelo, y con dos frentes que siguen marcando el paso: la anulación efectiva de la licencia municipal y el cierre del justiprecio de la expropiación parcial. Hasta que esas piezas encajen, el edificio seguirá funcionando como el recordatorio incómodo de lo difícil que es, en España, convertir una resolución en una restitución del litoral.