El Pleno del Congreso de los Diputados votará el próximo jueves 26 de febrero la convalidación o derogación de cuatro reales decretos-ley aprobados por el Gobierno en las últimas semanas: el de ayudas a víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), el de prórroga del escudo social con la moratoria antidesahucios, el de revalorización de las pensiones y el que habilita el límite temporal de precios de bienes y servicios en situaciones de emergencia.

Los decretos-ley están en vigor desde su aprobación y publicación, pero deben someterse al Congreso para su convalidación definitiva dentro del plazo legal.

Ayudas a las víctimas de Adamuz y Gélida

El Real Decreto-ley 1/2026, de 27 de enero, regula ayudas complementarias para las personas afectadas por ambos siniestros. El texto fija tramos de indemnización por lesiones que van de 2.404,04 a 84.141,70 euros, en función del daño reconocido, y establece una cuantía específica para fallecimientos.

Pensiones y escudo social, por separado tras el ‘ómnibus’

El jueves también se votan, en dos textos distintos, las medidas que el Gobierno separó tras el rechazo del decreto ómnibus del 27 de enero, que cayó con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN.

Por un lado, el Real Decreto-ley 3/2026 recoge la revalorización de las pensiones en 2026, con una subida general del 2,7% para las contributivas, vinculada a la inflación media del periodo de referencia, además de otras medidas en materia de Seguridad Social.

Por otro, el Real Decreto-ley 2/2026 prorroga el llamado escudo social y extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de procedimientos de desahucio y lanzamientos en los supuestos previstos. El Gobierno introdujo cambios tras negociar con el PNV para modular el alcance de la moratoria respecto a pequeños propietarios.

Tope de precios en emergencias

El cuarto texto es el Real Decreto-ley 4/2026, que habilita al Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros y bajo determinados supuestos de emergencia, a limitar incrementos de precios de bienes y servicios. La regla general fija como referencia el precio máximo de los 30 días naturales anteriores al inicio de la situación, con criterios adicionales para evitar subidas desproporcionadas.

La norma se estrenó en febrero con una limitación temporal aplicada a servicios de alojamiento en municipios afectados por la borrasca Leonardo, según informaron fuentes gubernamentales y medios nacionales.