El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha señalado que "carece de competencias" para evitar el Expediente de Regulación de Empleo de más de 5.000 personas llevado a cabo en Telefónica como consecuencia de la reforma laboral que emprendió el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

La empresa, en la que el Estado es el segundo mayor accionista con una participación del 10%, anunció a finales de año su intención de ejecutar un ERE en varias de sus unidades de negocio.

El diputado del BNG, Néstor Rego, registró una batería de preguntas parlamentarias en el Congreso para saber la valoración del Gobierno sobre esta operación y sobre las medidas que se puedan llevar a cabo al considerar que el ERE es "tan desproporcionado" teniendo en cuenta la participación del Estado y que la empresa declaró en 2024 un beneficio neto de 2.304 millones de euros.

El Gobierno ha registrado una respuesta parlamentaria a esa batería de preguntas señalando que al tratarse de un despido colectivo, el ministerio liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz "carece de competencias como consecuencia de la derogación que respecto de esta cuestión supuso la reforma laboral del año 2012 impulsada por el Grupo Parlamentario Popular".

La vicepresidenta Díaz emprendió en 2021 su propia reforma laboral con el objeto de acabar con los aspectos más lesivos de la reforma de 2012. La reforma, aprobada gracias al voto erróneo de un diputado del PP, no modificó determinados aspectos relacionados con el despido como la cuantía a percibir en casos improcedentes.