El pleno del Ayuntamiento de Lorca ha aprobado esta semana una moción para exigir al Gobierno central que retire el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular que prepara a través de un real decreto. La iniciativa, impulsada por el PP y respaldada por Vox, se apoya en dos ideas fuerza: que el proceso es “masivo” y poco exigente, y que se ha lanzado desde Madrid sin un debate serio en el Parlamento ni diálogo real con los municipios que deberán asumir el impacto en servicios públicos y convivencia.

La preocupación de fondo no es sólo jurídica, sino política y social. La Comisión Europea ha recordado en las últimas semanas que la regularización extraordinaria es una competencia exclusiva de España, pero ha advertido con claridad que esta medida no puede generar “consecuencias negativas” para el resto de países de la UE, sobre todo si se traduce en movimientos de personas regularizadas que usen el permiso de residencia español como puerta de entrada para instalarse en otros Estados miembros.

Bruselas insiste en un punto clave: el permiso de residencia en un país del espacio Schengen no es un “cheque en blanco” para circular y establecerse libremente en cualquier otro, y el Gobierno español debe demostrar que el diseño del decreto respeta esas reglas.

Según las informaciones trasladadas a la Comisión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez plantea una regularización dirigida a extranjeros presentes en España antes del 31 de diciembre de 2025, que acrediten al menos cinco meses de estancia, sin fijar requisitos estrictos de contrato previo o arraigo como en procesos anteriores. Ese planteamiento, que podría afectar a alrededor de medio millón de personas, ha generado reservas en Bruselas y críticas abiertas en algunos socios comunitarios, que temen que España esté desbordando el marco de lo que el propio Consejo Europeo ha recomendado: regularizaciones selectivas, coordinadas entre Estados y basadas en expedientes individualizados. Estados Unidos también ha mostrado preocupación, remitiendo un escrito oficial a la Comisión Europea. 

En una región como Murcia, este debate no se vive en abstracto. La comunidad registró en 2023 un saldo migratorio positivo de 15.715 personas, gracias a la llegada de 17.822 procedentes del exterior, mientras perdía población hacia otras autonomías. La mayoría del crecimiento demográfico regional se explica por la inmigración: ese mismo año, 16.326 de las personas ganadas por saldo migratorio eran extranjeras, mientras que la población con nacionalidad española disminuyó. Diversos estudios sitúan la población extranjera en torno al 15%–16% del total regional, con un peso destacado de la inmigración magrebí (especialmente de origen marroquí), que supera el 6% del censo. Es decir, la Región de Murcia depende en buena medida de la mano de obra extranjera para sostener su economía, sobre todo en el campo y en los servicios.

Pero una cosa son los datos y otra, la percepción. El Barómetro de otoño de 2024 del CEMOP muestra que la inmigración se ha convertido, junto a la política y el desempleo, en una de las principales preocupaciones de los murcianos. Un 75,1% de la población declara estar bastante o muy preocupada por la inmigración irregular, aunque sólo un 11% la señala como el problema número uno. La mayoría expresa una preocupación “negativa”, vinculando el fenómeno con la seguridad y la presión sobre recursos públicos, mientras que una minoría significativa muestra una preocupación “positiva”, centrada en el bienestar de las personas migrantes. Es decir, la sociedad no es monolítica: conviven el miedo, la fatiga y también la empatía.

Al mismo tiempo, los datos de llegadas irregulares por mar a la costa murciana no justifican por sí solos la sensación de “avalancha”: en 2024, hasta noviembre, se contabilizaron 1.776 personas migrantes llegadas por vía marítima a la Región de Murcia, lo que suponía un descenso cercano al 20% respecto al año anterior. Esa brecha entre la impresión de descontrol y la evolución real de algunas cifras alimenta un caldo de cultivo donde los discursos más simplistas, por un lado y por otro, encuentran terreno fértil.

El pleno de Lorca se sitúa justo en ese cruce de caminos. Por un lado, un Gobierno que trata de poner orden en la situación de cientos de miles de personas que ya viven aquí, muchas de ellas trabajando en la economía sumergida, sin derechos plenos y sometidas a una vulnerabilidad extrema. Regularizar no es sólo una cuestión “humanitaria”, también es una medida de higiene del Estado de derecho: sin papeles no hay cotizaciones, no hay estabilidad familiar, no hay integración real. Por otro, una parte de la ciudadanía y de los gobiernos locales que siente que se les obliga a gestionar las consecuencias sin haber participado en el diseño de la medida, con recursos limitados para escuelas, centros de salud, vivienda o servicios sociales.

El derecho europeo ofrece un marco, pero no resuelve el dilema político. La Comisión Europea no puede prohibir a España que regularice, pero sí reclamar que el proceso cumpla tres condiciones básicas: coordinación con el resto de socios, respeto estricto a las normas de Schengen y garantía de que la regularización no se convierte en una vía indirecta para que personas en situación irregular pasen a otros Estados miembros saltándose los sistemas de asilo y retorno. Además, Bruselas insiste en reforzar los retornos: sólo uno de cada cinco migrantes irregulares que reciben orden de salida acaba abandonando realmente la UE, y la Comisión considera insostenible esa situación a medio plazo.

En este contexto, la cuestión no es si hay que regularizar, sino cómo hacerlo y con qué contrapesos. Un diseño responsable del proceso exigiría al menos tres cosas claras. Primero, criterios más estrictos y transparentes: no basta con acreditar unos meses de estancia; hace falta vincular la regularización al empleo, al arraigo y a la ausencia de riesgos para la seguridad, con expedientes revisados caso por caso. Segundo, un compromiso firme con Europa: informar, negociar y adaptar la medida para que no desborde el sistema comunitario ni se convierta en motivo de fricción permanente con otros gobiernos. Tercero, un pacto interno que incluya a comunidades y ayuntamientos, con financiación suficiente para reforzar los servicios públicos en los territorios que ya soportan más presión demográfica, como es el caso de Murcia.

Hablar de los peligros de la inmigración irregular no es lo mismo que criminalizar a las personas migrantes. El riesgo real está en la irregularidad: en los guetos laborales, en la explotación en los invernaderos, en la economía sumergida que compite a la baja con quienes pagan impuestos y cumplen la ley. Mirar hacia otro lado cuando hay centenares de miles de personas en ese limbo no es una opción seria; pero tampoco lo es aprobar regularizaciones a gran escala sin explicar bien los criterios, sin garantizar controles y sin escuchar a quienes están en primera línea.

Lorca ha alzado la voz, quizá de forma imperfecta, pero reveladora. La reacción fácil sería encasillar la moción como “populista” o, en el otro extremo, celebrar el gesto como defensa heroica de las fronteras. Sin embargo, lo que está en juego es algo más profundo: la capacidad de hacer política migratoria desde la serenidad, con datos en la mano, reconociendo tanto la aportación imprescindible de la inmigración a regiones como Murcia como los miedos de una ciudadanía que siente que ha perdido el control sobre lo que pasa en su propia calle. Si no somos capaces de sostener esa conversación incómoda, pero necesaria, otros la ocuparán a base de consignas. Y entonces, ni habrá derecho, ni habrá convivencia.