No hay ninguna razón para suponer que, en pleno siglo XXI, una mujer necesite la ayuda de su marido para hacer bien, o simplemente hacer, su trabajo, aunque esté “hasta arriba”. Sin embargo, en la España actual, trufada de escándalos y cabalgando las contradicciones propias del realismo mágico en el que viven instalados ciertos sectores de la sociedad, la política, el periodismo o las artes, todo puede suceder. Tanto es así que, esta misma semana, sin ir más lejos, un país entero asistía atónito al espectáculo inenarrable de una jueza, Nuria Ruiz Tobarra, para más señas la instructora de la causa de la Dana de Valencia, compartiendo causa, presuntamente de manera irregular, con su propio marido, Jorge Martínez Ribera, también juez, que sin más autorización que la necesaria cooperación de su esposa, ni otra legitimidad que el vínculo matrimonial que les une, accedía a interrogar a parte de los testigos citados en instrucción y se permitía, incluso, dar indicaciones al personal de Justicia. Insólito.

Lo más inquietante de lo ocurrido no es solo la gravedad de la intromisión, sino la respuesta inicial de la magistrada, tras verse bajo la lupa de los medios de comunicación: calificar las denuncias como una “campaña difamatoria” fruto de un “machismo atroz”. Una lectura que se derrumba cuando ya han salido a la luz las grabaciones que confirman lo que varias familias llevaban meses denunciando por escrito y en chats privados. Así las cosas, negar lo evidente y ampararse en el sexismo para desacreditar a las víctimas y a sus abogados porque señalan hechos objetivos, nada tiene que ver con la salvaguarda de la independencia judicial que ha quedado, como nunca, en entredicho.

Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, no ha incurrido solo en una irregularidad técnica. La juez que instruye la causa más dolorosa -y políticamente sensible de los últimos años en este país- ha abierto una grieta en el sistema judicial, corrompiendo la imparcialidad y la independencia exigibles a cualquier tribunal. En especial, el suyo, que debería centrarse en dar respuesta a las familias de los centenares de fallecidos de la tragedia valenciana.

En un procedimiento de esta magnitud, más que nunca, la ley y la decencia exigen una separación quirúrgica entre quien investiga y cualquier influencia externa. Sin embargo, los audios que han trascendido a la opinión pública revelan como la magistrada alimentó que su marido, el también magistrado Jorge Martínez Ribera entrase hasta la cocina, pese a que dos jueces casados no pueden compartir sala, ni competencias en el mismo asunto, precisamente, para evitar este tipo de interferencias (artículo 219 Ley Orgánica del Poder Judicial y normativa de incompatibilidades). Por ello, la presencia del cónyuge de la jueza no es un detalle anecdótico; constituye una vulneración flagrante del derecho al juez predeterminado por la ley y pone en jaque el principio de imparcialidad objetiva. ¿Cómo puede una víctima confiar en que su relato no fue moldeado, orientado o filtrado por quien comparte cama y desayuno con la instructora del caso? ¿Quién le garantiza que la investigación no se orienta hacia donde conviene al matrimonio y no hacia donde claman los hechos y el dolor de los supervivientes? Más allá de los titulares, el resultado de una Justicia al alimón es devastador, se mire por donde se mire.

Y lo es hasta tal punto que varias familias han presentado ya una querella por prevaricación, usurpación de funciones públicas, revelación de secretos, coacciones y omisión del deber de perseguir delitos contra la juez Tobarra y su marido. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas, la mayoría de las partes piden la nulidad de la instrucción -o, como mínimo, de las declaraciones de los testigos afectados- y los letrados la recusación de la jueza. De hecho, si oficialmente se confirma la participación sistemática del marido de la juez en las pesquisas, buena parte de lo actuado podría retrotraerse, con el consiguiente retraso en una causa que debería estar proporcionando respuestas y no provocando más daño e indignación a quienes lo han perdido todo.
 

Llueve sobre mojado en una instrucción que, desde muy temprano, ha sido objeto de importantes críticas por su opacidad y sesgo aparente. No en vano, al mismo tiempo en el que se aceleraba la imputación del expresidente valenciano Carlos Mazón (en una exposición razonada que trascendía el mismo día que estallaba el escándalo), nada se sabe sobre otras posibles responsabilidades, incluidas las del Gobierno central, en lo ocurrido.
 

La Justicia no puede permitirse estos deslices. No cuando hay 230 familias destrozadas esperando verdad y reparación. La independencia judicial no es un eslogan, es una garantía constitucional que se pierde cuando se permite a dos jueces convertir una Sala de Vistas en un dormitorio. Porque si la Justicia no es capaz de limpiarse a sí misma ante un caso tan clamoroso, ¿qué les queda a los ciudadanos que lloran a sus muertos mientras ven como quienes deberían velar por ellos se saltan las reglas que lo son para todos? La Dana arrasó con las vidas y los hogares de muchos. La Justicia no puede permitirse que, también, se lleve la fe en que, al menos, los tribunales siguen siendo un lugar seguro donde la verdad puede abrirse camino para suavizar, al menos, las heridas del alma.