Izquierda Unida-Verdes ha sido la única formación que ha votado en contra de la moción conjunta presentada por PP y PSOE, con el apoyo de Vox, en la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional, celebrada este martes. La iniciativa plantea reforzar la colaboración entre la administración regional, compañías eléctricas, promotores de plantas solares, Red Eléctrica Española y el Ayuntamiento de Totana para impulsar un corredor energético subterráneo. El resultado de la votación fue de diez votos a favor y uno en contra, correspondiente a IU.

El diputado regional de IU-Verdes José Luis Álvarez-Castellanos ha justificado su rechazo alegando que la moción aprobada no asegura un soterramiento efectivo y carece de instrumentos que permitan ordenar el despliegue de infraestructuras eléctricas con criterios vinculantes. En su valoración, el texto se limita a plantear cooperación institucional y con las empresas implicadas, pero sin plazos ni obligaciones concretas que garanticen resultados.

Álvarez-Castellanos también afirmó que los avances parciales logrados hasta ahora, como el soterramiento de una parte de la línea de evacuación vinculada a una planta solar que discurre desde La Hoya y atraviesa el polígono de Totana, responden principalmente a la movilización vecinal, más que a un compromiso firme de las administraciones.

En ese contexto, ha recordado que en la legislatura anterior, bajo el gobierno municipal de Ganar Totana-IU, el Ayuntamiento logró que la energética X-Elio firmara un compromiso para soterrar la línea en la zona sur del municipio, tras años de reivindicaciones.

El parlamentario ha insistido en que el punto débil de la propuesta aprobada es la ausencia de directrices de planificación territorial que regulen el trazado de estas infraestructuras y establezcan criterios claros para el soterramiento, o en su defecto, para minimizar el impacto ambiental y paisajístico. A su juicio, sin un marco normativo, la negociación deja a municipios y ciudadanía en una posición de debilidad frente a las grandes compañías del sector energético.

IU sostiene, en resumen, que la moción aprobada no incorpora herramientas vinculantes para proteger el territorio y que la respuesta institucional debería ir más allá de la coordinación voluntaria entre administraciones y empresas.