La Asociación Ecociudadana Por Un Mar Vivo y la plataforma SOS Mar Menor han dirigido un escrito formal a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca para reclamar información pública “inmediata” y la adopción de medidas urgentes tras conocer un informe de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) sobre la presencia de metales pesados y metaloides en suelos agrícolas del Campo de Cartagena y el entorno del Mar Menor.

En su comunicado, los colectivos subrayan la “profunda preocupación” por las posibles consecuencias ambientales, sanitarias y económicas para la población del Campo de Cartagena, la Sierra Minera y el Mar Menor. En esa línea, piden una confirmación oficial del informe y reclaman que la UPCT termine el estudio “en un plazo corto”, frente a la opción de “devolver la subvención y perder otra vez dos años para saber la magnitud del problema”.

Aunque el informe no esté cerrado, solicitan la publicación inmediata de los datos ya obtenidos, apelando al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información ambiental. También reclaman que la Consejería detalle qué medidas de seguridad sanitaria prevé para proteger a vecinos, trabajadores agrícolas y consumidores frente a posibles vías de exposición respiratoria, dérmica y alimentaria.

El escrito incluye, además, una petición de información técnica sobre el impacto en los ecosistemas, con especial atención a la flora y fauna del entorno y a las especies pesqueras del Mar Menor, por su papel en la cadena alimentaria. Las organizaciones advierten de que la situación puede tener alcance más allá del ámbito local y afectar a consumidores españoles y europeos, así como a la salud y economía de trabajadores y agricultores.

En su llamada final, instan a las administraciones a evitar la confrontación institucional y a ofrecer “respuestas rápidas, eficaces y coherentes”.

La difusión de estos mapas e indicios lleva semanas generando controversia. La Consejería de Agricultura, según ha explicado su titular, Sara Rubira, sostiene que el estudio subvencionado aún no cumple con requisitos técnicos y de documentación y que se ha activado un procedimiento de reintegro, dando a la UPCT un plazo para subsanar. Mientras tanto, la Consejería ha evitado pronunciarse sobre los resultados.