CCOO y UGT de la Región de Murcia han exigido la dimisión del secretario general de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Nicolás Gonzálvez Gallego, tras su intervención en una jornada celebrada en la sede del Consejo Económico y Social (CES) en la que se abordó la realidad migratoria en España, según el comunicado remitido por ambas organizaciones.

Los sindicatos sostienen que el secretario general aprovechó un acto institucional para lanzar un mensaje “alarmista” al vincular inmigración con inseguridad, presión sobre los servicios públicos y efectos negativos de los procesos de regularización. Ambos sindicatos subrayan que esas afirmaciones resultan especialmente graves por proceder de un alto cargo de un departamento con competencias en integración social y políticas de convivencia.

La intervención de Gonzálvez se produjo en el contexto de la presentación en Murcia de informes y análisis sobre inmigración, con participación del presidente del CES de España, Antón Costas, quien defendió la necesidad de articular mecanismos extraordinarios de regularización para reducir la irregularidad administrativa, que calificó como un “elemento pernicioso”, y recordó que España ha llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias bajo gobiernos de distinto signo.

En ese mismo acto, Gonzálvez pidió públicamente que “se retire esa regularización masiva y se vuelva a la senda europea”, y sostuvo que la medida “tensionará” los servicios públicos y la cohesión social, además de afectar a la “percepción de la seguridad ciudadana”. También aludió a una cifra de “hasta 1,2 millones de personas” vinculada a estimaciones de la Policía Nacional, y criticó que, a su juicio, el debate se haya planteado “a espaldas del debate público” y sin la participación de las comunidades autónomas.

El informe del CES sobre la realidad migratoria, publicado en diciembre de 2025, incluye entre sus conclusiones que las estancias en situación de irregularidad administrativa incrementan la vulnerabilidad y suponen un reto para la cohesión social, y recuerda que en septiembre de 2023 se admitió a trámite una iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria.

CCOO y UGT, por su parte, reivindican en su comunicado la aportación de miles de trabajadores y trabajadoras de origen migrante a sectores esenciales de la economía regional, como agricultura, hostelería, construcción o cuidados, y remarcan que el debate público debe sostenerse en datos y políticas rigurosas. También advierten de que, si las palabras del secretario general responden a una posición avalada por la titular de la Consejería, esta debería asumir igualmente responsabilidades políticas.

Hasta el cierre de esta información, no consta una respuesta pública de la Consejería a la petición de dimisión formulada por los sindicatos.