La dirección nacional de Vox forzó la semana pasada semana la salida del presidente provincial de esa formación en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, tras tener conocimiento de que habría hecho gestiones ante el Ayuntamiento de Cartagena para beneficiar a su esposa con la urbanización de unos terrenos inundables no legalizados.

Según han asegurado fuentes del partido, una llamada procedente de Cartagena alertó a la dirección nacional sobre el supuesto interés particular de Antelo en la legalización y urbanización de un suelo propiedad de la empresa AISU Home S.L., con domicilio social en Los Alcázares y en la que aparecen como socias al cincuenta por ciento la mujer de Antelo y la portavoz del partido en el Ayuntamiento de esa población marmenorense, Susana Peláez.

Esa llamada, añaden las fuentes, actuó como "detonador" de la retirada de su apoyo al entonces líder regional, que ya estaba siendo observado desde hacía un tiempo por las "numerosas quejas llegadas desde diferentes municipios" por su forma de entender la presidencia territorial.

Acusan a Antelo de injerencia en la política municipal

Las mismas fuentes acusan a Antelo de injerencia en la política municipal (Vox gobierna en coalición con el PP en siete municipios murcianos), "algo que no está permitido en los estatutos" de Vox, según las fuentes. Citan como ejemplo las reuniones que mantuvo con la directiva del Real Murcia, al margen del grupo municipal en el ayuntamiento de la capital, para las obras de la ciudad deportiva.

También critican su "deslealtad" al partido al propiciar, en su etapa como vicepresidente de la Comunidad Autónoma, la construcción de un centro de formación de la patronal del metal FREMM en Cartagena con una subvención de seis millones de euros.