El Partido Popular ha registrado una propuesta en el Parlamento para prohibir que la empresa pública de ingeniería Ineco participe en la valoración técnica de licitaciones vinculadas al Plan de Recuperación cuando no exista una cobertura contractual explícita. La iniciativa llega tras el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los procedimientos de gestión y control aplicados por Adif y Adif Alta Velocidad en la ejecución de los fondos europeos hasta el 31 de diciembre de 2024.

El documento del órgano fiscalizador analiza cómo el gestor ferroviario ha gestionado los contratos financiados con fondos europeos y recoge la existencia de dos denuncias relacionadas con posibles irregularidades en la valoración de ofertas técnicas. Según el informe, Adif no actuó con el rigor suficiente al investigar estos hechos.

Una de las denuncias se presentó en julio de 2022 en Ineco y señalaba que un empleado de Adif habría dado instrucciones a dos trabajadores de la empresa pública para modificar sus valoraciones sobre ofertas técnicas presentadas en tres licitaciones vinculadas a fondos europeos. Dos meses después se registró otra denuncia en Adif por una supuesta falsificación de puntuaciones en procedimientos de contratación.

Tras analizar ambos casos, Adif concluyó que no existían indicios de vulneración de la normativa aplicable. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas consideró que la investigación realizada por el operador ferroviario no fue lo suficientemente exhaustiva.

A raíz de estas conclusiones, el PP ha presentado una batería de propuestas de resolución al informe del Tribunal de Cuentas. Entre ellas, plantea impedir que medios propios del Estado como Ineco participen en la valoración técnica de ofertas en licitaciones del Plan de Recuperación si no existe una relación contractual formal que regule esa función.

La propuesta también incluye la implantación de verificaciones anuales obligatorias para detectar posibles amenazas a la imparcialidad en las evaluaciones técnicas. Estas medidas afectarían tanto al personal propio de la Administración como al externo, incluidos medios propios como Ineco.

Los populares plantean además reforzar los mecanismos antifraude en los contratos financiados con fondos europeos. Entre las medidas sugeridas figuran la elaboración de un plan específico contra la colusión entre empresas en licitaciones, la revisión del nivel de riesgo en determinados procesos y la auditoría externa de contratos del Plan de Recuperación superiores a un millón de euros.

Otra de las propuestas consiste en reformar las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses para que se elaboren de forma específica para cada expediente de contratación, en lugar de aplicarse de manera general.

El resto de grupos parlamentarios también ha registrado propuestas vinculadas al informe del Tribunal de Cuentas. El PSOE plantea reforzar los mecanismos de prevención y gestión de conflictos de interés en el personal de medios propios que participa en la gestión del Plan de Recuperación y mejorar la información sobre los compromisos de pago a empresas proveedoras.

Por su parte, Vox propone que Adif y Adif Alta Velocidad desarrollen un plan de acción para reducir el riesgo de prácticas colusorias en licitaciones vinculadas a los fondos europeos.

Sumar, en cambio, plantea revisar el sistema de autoevaluación del riesgo de fraude y actualizar los planes de acción para alcanzar un nivel de riesgo considerado aceptable.

Las propuestas de resolución presentadas por los distintos grupos deberán ser debatidas y votadas en las Cortes en el marco del análisis del informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de los fondos europeos en el ámbito ferroviario.