La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró este lunes en Bruselas que el Ejecutivo dispone ya de instrumentos para responder al impacto económico de la guerra en Oriente Próximo si la escalada acaba trasladándose con fuerza al empleo y a la actividad empresarial en España. Entre esas herramientas citó los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el mecanismo RED para ajustar jornada o suspender contratos y distintas líneas de apoyo a empresas, dentro de un esquema que el Gobierno ya ha empezado a compartir con sindicatos y patronal.

La ministra enmarcó estas posibles actuaciones en la reunión celebrada la semana pasada con los agentes sociales para diseñar un “escudo social” ante las consecuencias de la crisis. Según explicó, Trabajo ha trasladado a organizaciones sindicales y empresariales un documento con el abanico de medidas disponibles, con el objetivo de proteger tanto a las plantillas como a los sectores más vulnerables a un encarecimiento sostenido de la energía y de las materias primas.

Díaz lanzó además un mensaje de cautela, pero también de preparación, al sostener que el Ejecutivo está en condiciones de actuar “si fuera necesario”. La preocupación del Gobierno se centra en que la tensión internacional termine deteriorando el poder adquisitivo de los hogares y golpeando a ramas productivas con un elevado consumo energético. Entre los sectores más expuestos, la vicepresidenta mencionó las industrias electrointensivas, como la química, el acero, la metalurgia o la farmacéutica, y advirtió también de posibles efectos sobre el campo por el encarecimiento de los fertilizantes.

En las últimas horas, el petróleo ha registrado fuertes oscilaciones y llegó a tocar máximos que no se veían desde 2022, en un contexto de temor a interrupciones en el suministro y a nuevas tensiones inflacionistas. El propio Gobierno ha empezado a estudiar ayudas para amortiguar ese impacto, con especial atención al transporte profesional por su efecto arrastre sobre el resto de la economía.

En el plano laboral, una de las claves está en cómo se articularían esas medidas. Los ERTE forman parte del marco ordinario de flexibilidad interna y el mecanismo RED está regulado en el Estatuto de los Trabajadores, aunque su activación requiere acuerdo del Consejo de Ministros en función de la naturaleza macroeconómica o sectorial de la crisis. De hecho, este instrumento permanece activado de forma sectorial para la fabricación de vehículos de motor hasta el 30 de junio de 2026.

Más matizado es el caso de la prohibición de despidos. Díaz la incluyó entre las fórmulas que el Gobierno tiene sobre la mesa, pero ese veto no opera hoy de manera general y automática, sino que ha sido incorporado en respuestas excepcionales anteriores. El precedente más reciente figura en el decreto aprobado tras la DANA de 2024, que impidió despedir a trabajadores de empresas acogidas a ayudas directas o a expedientes vinculados a esa emergencia, bajo pena de nulidad y devolución de las ayudas.

La vicepresidenta aprovechó también su comparecencia para pedir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que respalde las medidas si finalmente el Gobierno decide activarlas. Además, reclamó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una defensa más clara del derecho internacional ante la guerra con Irán, al considerar que la Unión Europea debe fijar una posición inequívoca en este terreno.