La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, defendió en Madrid la simplificación administrativa como una herramienta clave para mejorar la competitividad empresarial, atraer inversión y favorecer la creación de empleo. Lo hizo durante el I Ciclo de Desayunos Empresariales ‘Dialoguemos’, organizado por la Federación Nacional de Empresas de Limpieza (Afelín) en colaboración con Banco Sabadell, en una sesión centrada en los retos que afrontan las empresas en 2026 y en la necesidad de avanzar hacia marcos regulatorios más ágiles.

Durante su intervención, la consejera sostuvo que la agilidad administrativa ha dejado de ser un debate exclusivamente técnico para convertirse en un factor económico de primer orden. Según defendió, cada vez más empresas tienen en cuenta la rapidez de los procedimientos y la claridad regulatoria a la hora de decidir dónde invertir, un argumento con el que el Ejecutivo autonómico trata de situar su reforma como una ventaja competitiva para la Región.

López Aragón vinculó ese mensaje a la Ley de Simplificación Administrativa impulsada por la Comunidad, articulada a partir del Decreto-ley 1/2025, de 5 de junio, y convalidada por la Asamblea Regional el 3 de julio del pasado año. La norma incorpora medidas dirigidas a eliminar trabas innecesarias al acceso y ejercicio de actividades económicas, reforzar la carpeta empresarial como punto único digital y ampliar el uso de instrumentos como la declaración responsable.

Entre los efectos previstos por el Gobierno regional figuran la eliminación de más de un millón de documentos en la relación de ciudadanos y empresas con la Administración, un ahorro estimado de unos seis millones de euros en tiempo y gestiones y una reducción de entre 15 y 30 días en los trámites necesarios para iniciar una actividad empresarial. La Comunidad calcula además un ahorro medio de alrededor de 500 euros por cada nueva empresa que arranque su actividad bajo este nuevo marco.

La consejera subrayó, no obstante, que esta simplificación no implica suprimir controles. La reforma, según defendió, mantiene intacta la capacidad de inspección y sanción de la Administración, pero busca eliminar duplicidades y acortar procesos que hasta ahora retrasaban proyectos empresariales. El propio texto legal insiste en la necesidad de evitar cargas administrativas desproporcionadas sin renunciar a la seguridad jurídica ni a la supervisión pública.

López Aragón enmarcó además este debate en una tendencia más amplia dentro de la Unión Europea. De hecho, el Consejo de la UE dio luz verde definitiva el pasado 24 de febrero a una simplificación de los requisitos de presentación de información y diligencia debida en materia de sostenibilidad, una decisión que Bruselas ha justificado precisamente por su impacto en la competitividad empresarial.