El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la aplicación del Fondo de Contingencia por 50.294.007,25 euros y la concesión de un crédito extraordinario al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para hacer frente a daños provocados por inundaciones, incendios forestales y otras emergencias de protección civil en 16 comunidades autónomas. La medida afecta a Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Región de Murcia y La Rioja.

Aunque los siniestros se produjeron entre el 16 de septiembre de 2024 y el 9 de noviembre de 2025, el Gobierno aprueba ahora esta dotación para atender en 2026 los pagos y reconocimientos de obligaciones derivados de las resoluciones de subvención vinculadas a cuatro acuerdos del Consejo de Ministros aprobados el 1 de abril, 24 de junio, 26 de agosto y 25 de noviembre de 2025. Es decir, no se trata de una nueva declaración de ayudas, sino del dinero necesario para ejecutar compromisos ya activados tras esas emergencias.

Estas subvenciones están dirigidas sobre todo a proyectos ejecutados por ayuntamientos, diputaciones, cabildos, consejos insulares, comarcas, mancomunidades y comunidades uniprovinciales para reparar o restituir infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios públicos de titularidad local, así como tramos de red viaria provincial e insular. El régimen previsto permite conceder ayudas de hasta el 50% del coste de las actuaciones, con exclusión de los trabajos realizados con medios propios no personificados de la entidad local.

El expediente presupuestario crea además una aplicación específica denominada “Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular. Declaraciones ZAGEPC 2025”, bajo la que se imputará esta cuantía. 

De hecho, el Gobierno ya había dado un paso previo el pasado 3 de marzo, cuando autorizó límites de gasto plurianual para convocar subvenciones destinadas a paliar daños por las inundaciones y otras emergencias ocurridas entre el 26 de agosto y el 9 de noviembre de 2025 en once comunidades, entre ellas la Región de Murcia. En aquel acuerdo se preveía una senda de ejecución presupuestaria entre 2026 y 2030 por un total de 26,69 millones de euros solo para ese bloque de episodios.

Con la decisión aprobada este martes, el Ejecutivo da cobertura financiera a un paquete más amplio de ayudas ligadas a distintas declaraciones de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil adoptadas a lo largo de 2025. El objetivo es que las administraciones locales puedan seguir adelante con obras de reparación y restitución en territorios golpeados por temporales, incendios y otros siniestros, sin que la factura quede varada entre expedientes, plazos y papeles.