Glovo ha abierto un periodo de consultas para ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo que puede afectar a hasta 750 repartidores en España, dentro de un repliegue de actividad que alcanzará a alrededor de 60 localidades. La empresa enmarca esta decisión en la necesidad de ajustar su operativa para evitar cierres en esas zonas, aunque sostiene que mantendrá su funcionamiento habitual en el resto del país, donde continúa presente en más de 800 municipios.

El anuncio ha provocado una respuesta inmediata del Ministerio de Trabajo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advirtió este miércoles de que el Gobierno no permitirá “ningún chantaje” por parte de Glovo ni de “ninguna otra empresa” y subrayó que en España “solo se trabaja con derechos”, en referencia a la Ley Rider. Así, se vuelve a situar a la compañía en el centro del debate sobre las condiciones laborales en las plataformas digitales.

El ajuste llega, además, en un momento especialmente delicado para la empresa. Glovo había culminado en julio de 2025 el abandono del modelo de falsos autónomos, después de años de presión judicial, sanciones y actuaciones de la Inspección de Trabajo. Entonces aseguró que había contratado directamente a 14.000 repartidores y que dejaba atrás el sistema anterior, aunque esa transición no cerró del todo el frente laboral ni las críticas sindicales.

De hecho, CCOO llevaba semanas denunciando despidos continuados y alertando de un posible ERE encubierto. El sindicato había advertido de ceses “diarios y semanales”, además de cuestionar sanciones y despidos disciplinarios vinculados, según su denuncia, a decisiones automatizadas.. En febrero, la organización llegó a amenazar con movilizaciones estatales y sostuvo que algunos recortes ya superaban en determinados territorios los umbrales que obligan a tramitar un despido colectivo.

Con este movimiento, Glovo trata de redimensionar su presencia en las zonas menos rentables, pero lo hace bajo una fuerte vigilancia política, sindical y judicial. La compañía defiende que la reducción de actividad busca garantizar la viabilidad del servicio en el mercado español, mientras el Ejecutivo insiste en que cualquier reestructuración deberá ajustarse a la legalidad laboral vigente. La batalla, en realidad, no se limita al ERE anunciado este 11 de marzo de 2026: se inserta en un conflicto más amplio sobre el modelo de negocio de las plataformas y el coste real de operar con trabajadores asalariados.