El Ministerio de Trabajo y Economía Social abre este jueves 12 de marzo, a las 16.00 horas, la mesa de negociación sobre la llamada democratización de las empresas con CCOO y UGT. La cita nace, sin embargo, marcada por la ausencia de la CEOE, que ya ha comunicado que no acudirá al encuentro convocado por el departamento que dirige Yolanda Díaz.

La patronal justifica su plantón en que la propuesta del Ministerio supone, a su juicio, “un nuevo ejercicio de intervencionismo” y una vulneración del derecho a la propiedad privada. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cargado además contra la apertura de este debate en el actual contexto económico y ha tachado de “absurda” la premisa de permitir una mayor entrada de los sindicatos en los órganos de decisión de las empresas.

Desde la organización empresarial sostienen que el planteamiento de Trabajo choca con el artículo 38 de la Constitución, que consagra la libertad de empresa, y recuerdan además que el Estatuto de los Trabajadores ya reconoce a las compañías capacidad de organización y dirección. Con ese argumento, la CEOE considera que no se dan las condiciones para sentarse a negociar una reforma de este alcance.

Frente a ese rechazo, Trabajo defiende que la iniciativa busca desplegar el artículo 129.2 de la Constitución, que encomienda a los poderes públicos promover fórmulas de participación de los trabajadores en la empresa. Yolanda Díaz ha venido sosteniendo en las últimas semanas que España está rezagada respecto a otros países europeos en esta materia y ha recordado que 18 Estados miembros de la Unión Europea cuentan ya con mecanismos de codecisión o participación de los trabajadores en las estructuras empresariales.

El impulso político de esta reforma se apoya en el informe elaborado por la Comisión de Personas Expertas de Alto Nivel sobre la Democracia en el Trabajo, presentado por el Ministerio en febrero. Ese documento plantea avanzar en dos ejes: dar más voz a los trabajadores en las decisiones estratégicas de las compañías y facilitar también su acceso a la propiedad empresarial.

Entre sus propuestas figura que los trabajadores ocupen un tercio de los asientos en los consejos de administración de las empresas de entre 50 y 1.000 empleados, y la mitad en las de más de 1.000. El informe también plantea establecer umbrales mínimos de participación en el capital, con una apertura de al menos un 2% a la propiedad de los trabajadores y porcentajes más altos en las grandes corporaciones.

La reunión de este jueves servirá así para abrir formalmente un debate que el Gobierno quiere convertir en futura ley y que, de momento, arranca sin uno de los actores clave del diálogo social. La ausencia de la CEOE anticipa un recorrido complejo para una propuesta que toca de lleno la gobernanza empresarial y el equilibrio de poder dentro de las compañías.