La Intervención General de la Administración del Estado ha remitido al juez Ismael Moreno un informe en el que detalla el hallazgo de diversas irregularidades al analizar los expedientes de adjudicación de 11 contratos de obra pública del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos al frente del departamento. 

En el informe, los expertos de Hacienda señalan la existencia de un supuesto patrón de actuación en las irregularidades en dos aspectos concretos de las licitaciones: la sobrevaloración de los criterios subjetivos a la hora de decidir qué empresa se llevaba el contrato y la existencia de sobrecostes injustificados, a veces incluso antes de que se iniciaran los trabajos

El informe pone el foco en lo que califica de “mucha celeridad” en la aprobación de algunos expedientes, como el del soterramiento de las vías de tren a su paso por la ciudad de Murcia. En este caso, el proyecto, el gasto y los pliegos se validaron en un solo día del verano de 2018, cuando Ábalos llevaba semanas al frente de Transportes.

“El expediente se inicia el 30 de julio de 2018, el pliego de cláusulas administrativas se informa el 30 de julio de 2018 y se aprueba el expediente, el gasto y el pliego el mismo 30 de julio de 2018 por el Consejo de Administración de Adif”, recalcan los expertos de Hacienda.

El documento enumera las empresas adjudicatarias de los contratos bajo sospecha. Así, de las cinco licitaciones de Adif consta una adjudicación a Acciona, una a la unión temporal de empresas conformada por Ferrovial Agroman y Acciona, otra a la UTE de Obras Públicas y Regadíos y ASCH Infraestructuras y Servicios, una más a Levantina Ingeniería y Construcción, y la última a Instrumentación Geotécnica y Estructural. Por su parte, de los seis contratos a cargo de la Dirección General de Carreteras dos se adjudicaron a Acciona Construcción, dos a OPR y dos a LIC.