En la calle (casi) nadie discute que insultar gravemente, amenazar o humillar a alguien no es “libertad de expresión”, sino un posible delito. En internet, en cambio, demasiada gente se comporta como si X o TikTok fueran un videojuego sin consecuencias. Esa brecha entre cómo actuamos fuera de la pantalla y cómo actuamos detrás del teclado es el caldo de cultivo perfecto para dos cosas: para que prolifere el odio y para que el poder político aproveche ese miedo al odio para justificar más control sobre lo que decimos, leemos y compartimos.

El Gobierno ha presentado HODIO, la “Huella del Odio y la Polarización”, una herramienta que promete medir cuánto odio circula por las plataformas, cómo se amplifica y qué impacto tiene. Sobre el papel puede sonar razonable: saber dónde se concentra la basura, qué redes son más tóxicas, qué colectivos sufren más ataques. En paralelo, ya existe un marco legal que sanciona el discurso de odio: el artículo 510 del Código Penal castiga la incitación al odio, la hostilidad o la discriminación contra determinados grupos, así como la difusión de materiales que los humillen o degraden. La idea de fondo no es discutible: lo que sería intolerable en un bar tampoco puede serlo en un timeline.

Porque sí, participar en redes sociales es una responsabilidad. No hablamos de prohibir la crítica dura, el sarcasmo o la impopularidad, sino de trazar una línea clara frente a amenazas, acoso organizado, persecución de colectivos vulnerables o campañas que deshumanizan a grupos enteros. Quien cruce esa línea debe responder ante los tribunales, igual que si lo hiciera en la calle. No podemos seguir tolerando la coartada del “solo era un comentario” cuando detrás hay víctimas concretas, consecuencias reales y, a veces, delitos claros.

Pero el problema de HODIO no está en la intención declarada, sino en las implicaciones. Cuando el Estado anuncia un sistema que medirá el odio y la polarización y que servirá para “exigir responsabilidades” a quien haga negocio con ello, se abre una puerta delicada: la de convertir una herramienta de análisis en un instrumento de señalamiento. Hoy se nos dice que se trata de un termómetro neutral. Mañana puede funcionar como una etiqueta que clasifique plataformas, contenidos o incluso corrientes de opinión como “peligrosas”, “tóxicas” o socialmente indeseables. Dicen que quieren medir el odio como las emisiones de carbono a la atmósfera. ¿Se puede medir el odio? Porque con las mediciones del carbono ya hemos detectado algunas trampas, pues obviamente hay interés económico detrás de ello.

La gran pregunta es quién decide qué es odio y qué es polarización. Los límites jurídicos del discurso de odio ya se han ampliado en los últimos años: reformas penales, circulares interpretativas, nuevas categorías protegidas… El riesgo es que se vaya diluyendo la diferencia entre el discurso que ataca a personas vulnerables y amenazas o delitos clásicos, y el discurso que simplemente molesta al poder. Si se entrena tecnología para detectar “odio” con criterios poco transparentes, la tentación de colar sesgos ideológicos en esos modelos es enorme. Y una vez que un algoritmo te coloca en el cajón de los problemáticos, es muy difícil salir de ahí.

Además, sabemos que las etiquetas de “bulo”, “desinformación” u “odio” ya se han usado, en diferentes contextos, contra informaciones y opiniones que luego resultaron ser legítimas. Durante la pandemia, algunas posturas críticas o debates científicos se demonizaron antes de que el propio tiempo obligara a matizar ciertas verdades oficiales. En conflictos internacionales, hemos visto cómo determinadas narrativas eran aceptables y otras se marcaban como sospechosas solo por no ajustarse al guión dominante. Incluso en cuestiones internas, como las relacionadas con medidas de seguridad o dispositivos destinados a víctimas, ha habido casos en los que se negó o minimizó una realidad que más tarde se asumió abiertamente. Cuando quien manda se acostumbra a descalificar como “bulo” o “odio” lo que le incomoda, lo que se erosiona no es el odio, sino la confianza.

La combinación de censura, censura previa y autocensura es lo que vamos a tener que observar con cautela. La censura directa se da cuando el contenido crítico se borra o se penaliza bajo el paraguas del discurso de odio o desinformación. La censura previa de facto aparece cuando las plataformas, temiendo sanciones o quedar señaladas por herramientas como HODIO, empiezan a filtrar por exceso de celo: mejor no mostrar ciertos temas, mejor esconder determinados enfoques. Y la autocensura es el paso final: el ciudadano que deja de hablar de algunos asuntos, que rebaja sus críticas o que renuncia a investigar porque percibe que hay líneas rojas invisibles que no conviene cruzar.

Mientras tanto, los grandes focos de polarización siguen ahí. Vemos discursos de auténtico odio lanzados desde tribunas institucionales, desde cuentas oficiales de partidos, desde ruedas de prensa y mítines: acusaciones deshumanizantes contra adversarios políticos, señalamientos a colectivos enteros, calificativos que, si los firmara un ciudadano anónimo, generarían un escándalo, o sin duda, una sanción. Son precisamente esos actores, los que tienen altavoz y poder, quienes ahora se arrogan la misión de vigilar lo que la ciudadanía dice, sobre todo cuando se refiere a ellos mismos y a su gestión.

Hay otro elemento que conviene no perder de vista: las redes no solo son un espacio de insultos y trolls, sino también un terreno de juego para operaciones de inteligencia, injerencias externas y campañas de manipulación cuidadosamente diseñadas. Ahí se mueven intereses que el ciudadano medio ni siquiera puede imaginar: uso masivo de datos, granjas de bots, estrategias de polarización calculada. ¿Va a servir HODIO para desactivar esos dispositivos, para desvelar quién está detrás de determinadas campañas, para exigir responsabilidades a los actores con más poder y capacidad de daño? Es legítimo dudarlo. Lo más probable es que –una vez más– el foco se coloque sobre el usuario común, mientras los grandes entramados que aprovechan las grietas del sistema continúan operando en segundo plano.

¿Qué necesitamos entonces? Más responsabilidad, sí, pero también más garantías. Responsabilidad del usuario, que debe entender que lo que hace en redes no es inocuo. Responsabilidad de las plataformas, obligadas a ser transparentes con sus algoritmos, sus criterios de moderación y sus acuerdos con los gobiernos. Responsabilidad de los políticos, que no pueden seguir incendiando el debate público por la mañana y vendiéndose como bomberos del odio por la tarde. Y responsabilidad del propio Estado, que tiene que fijar reglas claras y proporcionadas, interpretadas de manera estricta, centradas en los verdaderos delitos de odio, no en las opiniones incómodas o en la mala educación.

La libertad de expresión no es impunidad, pero tampoco puede funcionar con miedo. Si la ciudadanía percibe que cualquier crítica dura, cualquier investigación incómoda o cualquier duda planteada sobre la versión oficial puede acabar en la categoría de odio, de bulo o de desinformación, el resultado es una sociedad cada vez más silenciosa y más desconfiada. Y lo paradójico es que, con la excusa de protegernos en redes, lo que terminamos protegiendo es la comodidad del poder.

HODIO se presenta como una herramienta para combatir el odio y la polarización, pero tiene muchas papeletas para acabar convirtiéndose en el símbolo de una época en la que el odio se ha utilizado como coartada perfecta para estrechar los márgenes de la libertad. Si queremos que las redes se parezcan más a la calle, empecemos por aplicar en ellas los mismos principios: respeto, responsabilidad, leyes claras y una convicción firme de que la crítica al poder no es un riesgo que haya que domesticar, sino un pilar esencial de cualquier democracia viva.