La Agencia Tributaria ha aprobado las directrices generales de su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2026, un documento con el que refuerza el foco sobre el sector inmobiliario, los alquileres turísticos, los nuevos negocios nacidos en redes sociales, el régimen de impatriados conocido popularmente como Ley Beckham y los grandes patrimonios. El plan, publicado este jueves 12 de marzo en el BOE, mantiene además la presión sobre la economía sumergida, las grandes empresas, las Agrupaciones de Interés Económico y el fraude vinculado a hidrocarburos, criptomonedas y neobancos.

El documento deja claro que Hacienda quiere afinar tanto la prevención como el control. Entre las novedades más relevantes figura que en 2026 dispondrá de información mensual sobre la titularidad de cuentas bancarias y sobre los ingresos cobrados por empresarios y profesionales a través de tarjetas, TPV y pagos asociados a números de teléfono móvil. También amplía la información disponible sobre entidades de pago, dinero electrónico y una nueva declaración informativa sobre todo tipo de tarjetas, el modelo 174.

Uno de los sectores donde la Agencia Tributaria anuncia un refuerzo más claro es el inmobiliario. Hacienda señala expresamente que aumentará el control en todas las fases del negocio, desde la promoción y la construcción hasta la comercialización y la intermediación, en un contexto de crecimiento del mercado. El objetivo es comprobar que los flujos económicos queden bien reflejados en las autoliquidaciones y vigilar especialmente costes, subcontratación abusiva, gastos financieros, valoraciones de inmuebles y estructuras societarias empleadas para reducir de forma indebida la carga fiscal.

Ese control alcanzará también al sector de la intermediación inmobiliaria. El plan recoge de forma expresa una vigilancia reforzada sobre la venta y el arrendamiento de inmuebles para asegurar que el sistema de comisiones de agencias y otros intermediarios tenga un reflejo correcto en las declaraciones tributarias. En paralelo, Hacienda intensificará la comprobación de los rendimientos obtenidos por alquileres, con especial atención a los gestionados a través de plataformas digitales.

La Agencia quiere además localizar los artificios utilizados para disfrazar alquileres turísticos o de temporada como arrendamientos de vivienda. En sus planes de visitas y comprobaciones formales, el organismo anuncia que buscará inmuebles residenciales declarados como alquiler de vivienda cuando en realidad se destinan a usos distintos, una referencia directa a los pisos turísticos y a los arrendamientos de temporada mal declarados.

Otro de los campos que Hacienda considera prioritarios es el de los negocios nacidos en internet y las redes sociales. El plan dedica un apartado específico al llamado marketing de influencia y avisa de que seguirá profundizando en el análisis de su correcta tributación. No se queda ahí: también prestará atención a la verdadera residencia fiscal de quienes participan en estas actividades, un punto especialmente sensible en un sector en el que no son raros los cambios de domicilio o residencia con fuerte aroma a optimización fiscal.

En el terreno de la llamada Ley Beckham, el texto oficial habla del régimen de impatriados y anuncia actuaciones inspectoras para comprobar su correcta aplicación. Hacienda recuerda que este sistema permite tributar de forma más favorable que en el IRPF ordinario y excluye la renta mundial, pero advierte de que la opción comunicada por el contribuyente no supone que la Administración haya verificado ya el cumplimiento real de los requisitos. Así, la AEAT revisará después si quienes se acogieron al régimen tenían derecho a hacerlo de verdad.

El plan también pone el foco sobre los contribuyentes que cambian su domicilio fiscal a otra comunidad autónoma sin residir realmente allí. La Agencia Tributaria anuncia un control reforzado cuando detecte que esos traslados buscan aprovechar ventajas fiscales o dificultar actuaciones de comprobación, especialmente si el entorno societario del contribuyente sigue manteniendo su domicilio en la comunidad de origen.

En cuanto a grandes patrimonios y contribuyentes con alto nivel de vida, Hacienda insiste en una de sus líneas clásicas: vigilará los casos en los que no encajan las rentas o el patrimonio declarados con los signos externos de riqueza y prestará especial atención a las sociedades instrumentales usadas para pagar gastos personales o colocar activos de uso privado como viviendas, fincas, vehículos, embarcaciones, aeronaves u obras de arte. También seguirá la pista a vías anómalas de salida de fondos hacia los socios que encubren, en la práctica, repartos de dividendos.

La economía sumergida sigue ocupando un lugar central. La Agencia Tributaria anuncia visitas y comprobaciones sobre negocios que no admiten pagos con tarjeta, una señal que considera de riesgo fiscal, y también sobre contribuyentes que aparentan desarrollar una actividad económica sin hacerlo realmente. En el mismo bloque refuerza el control del fraude en hidrocarburos, con vigilancia sobre depósitos fiscales, extractores y operadores de la cadena de distribución, y mantiene el foco sobre las Agrupaciones de Interés Económico cuando se utilizan de forma abusiva para generar deducciones o beneficios fiscales de manera artificial.

El capítulo digital no se limita a los influencers. Hacienda mantendrá las actuaciones sobre contribuyentes que operan con criptomonedas y no declaran las rentas o ganancias patrimoniales derivadas de su tenencia o transmisión, y además investigará la utilización de cuentas en neobancos para ocultar rentas o patrimonios en el exterior. La Agencia Tributaria quiere llegar mejor a los negocios que se mueven entre plataformas, pagos electrónicos, estructuras societarias y fronteras fiscales cada vez más porosas.