Izquierda Unida ha vuelto a llevar este jueves al Pleno de la Asamblea Regional el modelo de gestión del 112 en la Región de Murcia, con una interpelación en la que su diputado José Luis Álvarez-Castellanos ha reclamado al Gobierno de Fernando López Miras que abandone la externalización del servicio y recupere la gestión pública directa. La iniciativa figuraba en el orden del día parlamentario como una interpelación sobre la gestión del servicio de explotación operativa del Sistema Integrado de Gestión de Emergencias 112.

El núcleo de la denuncia de IU se apoya en el propio marco normativo autonómico. El Decreto 67/1997, que implantó el servicio 112 en la Región de Murcia, establece en su artículo 2 que se trata de un servicio público que debe prestarse por la Comunidad Autónoma “con carácter exclusivo y bajo la forma de gestión directa”. Esa misma formulación sigue apareciendo hoy en la información institucional del 112 en la web de la Comunidad Autónoma.

Pese a ello, la atención operativa de las llamadas de emergencia continúa contratada con una empresa privada. La documentación oficial del contrato vigente identifica a Ilunion Emergencias como adjudicataria del “servicio de explotación operativa del sistema integrado de gestión de emergencias 112 en la Región de Murcia”, formalizado en noviembre de 2021 para un plazo inicial de cuatro años, hasta el 14 de noviembre de 2025. En agosto de 2025 ese contrato fue además modificado para reforzar el servicio tras el impacto que la DANA de Valencia tuvo como referencia en la gestión de emergencias.

En su intervención, Álvarez-Castellanos sostuvo que esta externalización ha ido acompañada de una precarización sostenida de la plantilla que atiende las llamadas. Según trasladó IU, los trabajadores del 112 soportan una elevada presión emocional y una responsabilidad crítica sin que sus condiciones laborales reflejen la importancia real de su función. La formación denunció salarios bajos, falta de reconocimiento de antigüedad y la adscripción al convenio de contact center para un trabajo que considera esencial para la seguridad ciudadana. Esas condiciones, sin embargo, forman parte de la denuncia política de IU y no aparecen detalladas en la documentación oficial consultada.

El diputado de IU también puso el foco en la incertidumbre sobre el futuro inmediato del servicio. El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, ya confirmó en octubre de 2025 que el 112 seguiría en manos de la misma empresa mediante la prórroga del contrato, después de que la concesionaria hubiera trasladado sus dudas sobre la viabilidad económica de seguir prestándolo en las condiciones actuales. A partir de ahí, IU sostiene que el Gobierno regional sigue sin resolver el problema de fondo: si quiere mantener una nueva licitación privada o abrir por fin la vía de la gestión directa que prevé el decreto.

La formación de izquierdas defiende que la Región debería mirar a otras comunidades que han optado por fórmulas públicas para la gestión del 112 y sostiene que un servicio de esta naturaleza no puede depender de la lógica del beneficio empresarial. Vuelve así al centro del debate es una pregunta bastante incómoda para el Ejecutivo regional: por qué un servicio que la propia norma autonómica define como de gestión directa lleva casi tres décadas funcionando a través de contratos externos.