La Dirección General de Trabajo de la Región de Murcia medió durante 2025 en 20.840 conciliaciones laborales individuales que permitieron a los trabajadores percibir más de 44,6 millones de euros, sobre todo por indemnizaciones por despido y reclamaciones salariales. Según los datos difundidos por la Comunidad Autónoma, un 34% de esos procesos terminó con avenencia, lo que evitó miles de procedimientos judiciales y consolidó la mediación laboral como una de las principales vías de resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito del trabajo.

El balance fue presentado coincidiendo con la reunión de la Red Interterritorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, un foro de coordinación entre el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y los órganos competentes de las comunidades autónomas en materia preventiva. La cita, presidida por el director general de Trabajo, Juan Marín, reunió este viernes en la capital murciana a responsables autonómicos de distintas regiones para abordar asuntos vinculados a la salud laboral, el amianto, la formación y el funcionamiento de los grupos de trabajo de la red.

Más allá del dato de las conciliaciones, la Comunidad dibuja un año de intensa actividad laboral y empresarial. La Dirección General de Trabajo registró 79 convenios y acuerdos colectivos, tanto de empresa como de sector, además de 106 planes de igualdad, en un contexto en el que el Gobierno regional quiere subrayar el peso del diálogo social y de las políticas de igualdad en el mercado de trabajo murciano.

El dinamismo económico aparece también en otro indicador: las comunicaciones de apertura o reanudación de centros de trabajo. En 2025 se contabilizaron 12.726, lo que supone 2.882 más que el año anterior, según la Comunidad. El Ejecutivo regional interpreta este aumento como una señal de actividad en sectores como la construcción, la industria y los servicios, aunque no aporta en esta nota una desagregación por ramas ni un análisis más detallado de ese crecimiento.

La seguridad y salud laboral fue otro de los ejes del balance. La Dirección General de Trabajo tramitó 1.719 actas de infracción, resolvió el 76% de los expedientes sancionadores y gestionó 356 planes de desamiantado. A ello se suma la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio Fiscal para reforzar la coordinación frente a la siniestralidad laboral, una de las materias que siguen ocupando espacio prioritario en las políticas preventivas.

Durante la reunión de la RISST celebrada en Murcia participaron representantes de comunidades como Canarias, Aragón, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana, Extremadura, Asturias o País Vasco, además de la directora del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entre los asuntos sobre la mesa figuraron la posible creación de un grupo de trabajo sobre amianto y el desarrollo de herramientas comunes para mejorar la coordinación técnica entre territorios.