El Gobierno regional ha activado un Observatorio de Contratación Responsable para impulsar una mayor contratación pública con impacto social y favorecer la generación de empleo para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

La iniciativa busca que el 10 por ciento de los contratos públicos se reserven a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, reforzando así el papel de la contratación pública como herramienta de inclusión y desarrollo económico.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, presentó esta iniciativa, concebida como un espacio de colaboración entre administraciones públicas, universidad y entidades de la economía social para mejorar la aplicación de los contratos reservados y facilitar la participación de estas entidades en los procesos de contratación pública.

El Observatorio, impulsado por las consejerías de Empresa y de Hacienda, nace con el objetivo de mejorar el conocimiento y la aplicación de la contratación pública responsable, detectar posibles dificultades en su desarrollo y promover buenas prácticas entre los órganos de contratación de las distintas administraciones públicas.

Uno de los instrumentos clave de este modelo es el de los contratos reservados, que permiten a las administraciones destinar una parte de su contratación a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, “entidades que desarrollan una importante labor de integración laboral de personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad”, según destacó la consejera.

En este sentido, el Gobierno regional se ha marcado como objetivo avanzar para situar en la Región de Murcia el porcentaje de contratos reservados en el 10 por ciento del total. Según explicó López Aragón, “esto supone más oportunidades de empleo para quienes más lo necesitan y también más oportunidades de actividad económica para empresas que desarrollan su labor con un fuerte compromiso social”.