La pugna abierta en Indra ha entrado en una fase de máxima tensión. Varias informaciones publicadas en las últimas horas sitúan al Gobierno moviendo ficha, a través de la SEPI, para propiciar la salida del presidente ejecutivo, Ángel Escribano, en pleno debate sobre la operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Por ahora, no existe ninguna comunicación oficial al mercado sobre un relevo en la cúpula, y diversas fuentes sostienen que Escribano no tiene intención de abandonar la presidencia. EFE añade que el directivo considera que sigue contando con apoyos suficientes dentro de la compañía.

La cautela institucional ha sido total. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha insistido en que cualquier decisión sobre la continuidad de Escribano corresponde al consejo de administración de Indra y ha pedido prudencia por tratarse de una empresa cotizada. En la misma línea, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, evitó pronunciarse y aseguró que no tenía “ninguna comunicación al respecto”.

En el origen del conflicto está la potencial integración de EM&E, la empresa de la familia Escribano, dentro del perímetro de Indra. El consejo dio luz verde a finales de enero para que el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, empezara a negociar la estructura de la operación, que inicialmente apuntaba a una fusión por absorción, aunque después se abrió la puerta a otras fórmulas, entre ellas la compra de una participación mayoritaria. El propio De los Mozos ha reconocido que la operación se ve condicionada por los problemas de gobernanza derivados de que Ángel Escribano sea al mismo tiempo presidente de Indra y copropietario de EM&E junto a su hermano Javier, también consejero de la tecnológica.

Ese equilibrio de poder explica buena parte de la siuación. Según el informe anual de gobierno corporativo remitido por Indra a la CNMV, la SEPI controla el 28% del capital, mientras que Advanced Engineering and Manufacturing —vehículo ligado a los Escribano— alcanza el 14,3%; SAPA figura con el 7,94% y Amber Capital, vinculada a Joseph Oughourlian, con el 7,24%. El mismo documento recoge que el consejo creó en julio de 2025 una comisión ad hoc integrada exclusivamente por consejeros independientes para supervisar la operación y gestionar los conflictos de interés, y deja constancia de que Ángel Escribano no fue convocado ni participó en las sesiones del consejo centradas únicamente en esa integración potencial.

La incertidumbre tuvo reflejo inmediato en el mercado. Las acciones de Indra cerraron el martes con una caída del 4,19%, hasta 57,1 euros, después de haber llegado a dejarse alrededor de un 8% durante la sesión. La reacción bursátil mostró hasta qué punto el mercado interpreta esta crisis no solo como un problema de nombres, sino también como una cuestión de gobernanza en una compañía estratégica.

Todo ello sucede, además, en un momento de fortaleza operativa para la empresa. Indra presentó a finales de febrero unos resultados récord, con ingresos de 5.457 millones de euros en 2025, una cartera de 16.083 millones y un beneficio neto de 436 millones, un 57% más que el año anterior. La compañía fijó además para 2026 el objetivo de superar los 7.000 millones de ingresos. El contraste es evidente: el negocio acelera mientras la cúpula vuelve a quedar atrapada en una batalla de poder.

A corto plazo, el foco sigue puesto en dos frentes: la continuidad de Ángel Escribano y la fórmula definitiva para encajar EM&E sin alterar en exceso el equilibrio accionarial de Indra. De momento, la operación continúa bajo análisis, el Gobierno evita confirmar movimientos y el presidente no tiene intención de apartarse.