La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dado un nuevo paso para sentar en el banquillo al expresidente de BBVA Francisco González por la contratación de los servicios del excomisario José Manuel Villarejo. En su escrito de acusación, el Ministerio Público reclama para él nueve años de prisión por delitos de cohecho continuado y descubrimiento y revelación de secretos, dentro de la pieza del caso Villarejo que investiga los encargos realizados por el banco a la empresa Cenyt entre 2004 y 2016.

La petición de la Fiscalía se desglosa en cinco años de cárcel por cohecho y otros cuatro por los delitos vinculados a la obtención y difusión de información reservada de particulares. El escrito también solicita diez años de prisión para Villarejo y la imposición de una multa millonaria a BBVA como persona jurídica. Al mismo tiempo, la fiscal Elisa Lamela propone el archivo provisional para el que fuera consejero delegado del banco, Ángel Cano, que había figurado hasta ahora entre los procesados.

El movimiento de Anticorrupción llega después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmara el pasado 20 de febrero el procesamiento del BBVA, de Francisco González y de varios exdirectivos y colaboradores policiales. Aquel pronunciamiento rechazó los recursos presentados y avaló la tesis de que la antigua cúpula del banco actuó al margen de los sistemas de control interno al contratar a Villarejo a través de Cenyt.

La investigación sostiene que esos encargos no fueron episodios aislados, sino una relación prolongada durante más de una década, con pagos superiores a los 10 millones de euros al entramado empresarial del excomisario. Según la resolución de la Audiencia, existen indicios de que los trabajos incluyeron accesos ilícitos a datos personales, seguimientos y otras actuaciones sobre empresarios, políticos y periodistas, en un esquema que el tribunal considera suficientemente sólido como para abrir la fase de juicio.

En el caso concreto de González, la Sala ya había sido especialmente dura en febrero al considerar que no resultaba creíble que desconociera quién estaba detrás de Cenyt ni los métodos empleados. Los magistrados asumieron entonces la tesis del instructor y de la Fiscalía según la cual algunos de los contratos investigados fueron ordenados por el propio expresidente del banco, que ya conocía antecedentes previos de esa relación con Villarejo.

El escrito de la Fiscalía no cierra el frente penal, sino que ordena ya el tablero de cara al futuro juicio. Además del Ministerio Público, varias acusaciones particulares mantienen posiciones más duras y algunas elevan notablemente la petición de castigo, hasta el punto de reclamar para González penas de hasta 30 años de prisión.