El enfrentamiento entre el Ministerio de Consumo y Ryanair ha vuelto a escalar después de que el consejero delegado del grupo, Michael O’Leary, llamara “idiota” al ministro Pablo Bustinduy y pidiera su salida del cargo. La reacción del titular de Consumo no se hizo esperar: a través de Bluesky, aseguró que el directivo irlandés “no está acostumbrado a que le planten cara”, pero que “en España ha tocado hueso”.

Bustinduy enmarcó su respuesta en la batalla que su departamento mantiene con varias aerolíneas de bajo coste por prácticas que considera abusivas para los consumidores. En su mensaje, el ministro sostuvo que Ryanair tendrá que “cumplir la ley y respetar los derechos de los consumidores” y remató su réplica recordando la sanción impuesta a la compañía: “Y pagar 107 millones de multa. Eso también”.

El choque entre ambas partes no es nuevo, pero ahora se produce con el frente judicial ya abierto. En noviembre de 2024, Consumo confirmó sanciones por un total de 179 millones de euros a cinco aerolíneas —Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea— por cobrar suplementos por el equipaje de mano, por reservar asientos contiguos para acompañar a menores o dependientes y por otras prácticas comerciales. Ryanair fue la más castigada, con 107,7 millones de euros.

Las compañías recurrieron esas sanciones ante la Audiencia Nacional y la disputa sigue viva en los tribunales. En marzo de 2025, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se personó en defensa de los consumidores en esos procedimientos, reforzando la posición del Ministerio frente a las aerolíneas.

Ryanair, por su parte, mantiene que la multa carece de base legal y se ampara en la normativa europea sobre libertad tarifaria. La compañía ya había cargado en otras ocasiones contra Bustinduy por su ofensiva contra el cobro del equipaje en cabina y ha sostenido públicamente que su política de equipaje se ajusta al derecho europeo.