El Gobierno ha optado por partir en dos su plan de respuesta al impacto económico de la guerra en Oriente Medio después del fuerte desacuerdo de última hora entre PSOE y Sumar, que retrasó más de dos horas el inicio del Consejo de Ministros extraordinario. La solución pactada permite sacar adelante un primer decreto con el grueso de las medidas energéticas y fiscales y reservar para un segundo texto las iniciativas de vivienda que reclamaba el socio minoritario de la coalición.

El paquete principal incluirá la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%, además de la misma reducción para la luz y el gas. A ello se suman la bajada del impuesto especial de la electricidad del 5,11% al 0,5%, la suspensión temporal del impuesto del 7% sobre la producción eléctrica y una rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos, dentro de una estrategia con la que el Ejecutivo pretende amortiguar el alza de los costes energéticos sin repetir la bonificación universal de 20 céntimos aplicada en 2022.

El decreto económico incorporará además ayudas específicas para los sectores más expuestos. Entre ellas figuran un apoyo de 20 céntimos por litro de gasóleo para transportistas y productores agrarios, así como medidas de protección social para los hogares vulnerables. En paralelo, el plan recupera incentivos fiscales como la deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos y por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas, y añade la prohibición de despidos objetivos en las empresas que reciban ayudas públicas vinculadas a esta crisis.

La parte más conflictiva de la negociación ha quedado fuera de ese primer decreto. El segundo texto incluirá la prórroga de los contratos de alquiler que vencen en los próximos meses, una exigencia central de Sumar, que también había presionado para introducir límites a los márgenes empresariales. El ala socialista aceptó finalmente trocear la respuesta para evitar que el decreto principal encallara en el Congreso, donde Junts ya había advertido de su rechazo a un nuevo texto ómnibus con medidas de vivienda.

Así, Sánchez logra preservar el núcleo económico del plan, pero a costa de evidenciar una nueva fractura con su socio de coalición en un asunto especialmente sensible como la vivienda. El Ejecutivo busca ahora asegurar la convalidación parlamentaria de un decreto centrado en energía, fiscalidad y protección social, mientras el segundo texto nacerá con un recorrido político mucho más incierto.