El Gobierno ha llevado este sábado al Boletín Oficial del Estado su paquete de respuesta al impacto económico de la guerra en Irán y de la crisis abierta en Oriente Próximo. Lo ha hecho a través de dos reales decretos-ley publicados en el BOE del 21 de marzo y con entrada en vigor este domingo 22: uno de carácter económico y energético, el Real Decreto-ley 7/2026, y otro específico sobre vivienda y alquiler, el Real Decreto-ley 8/2026. Según el Ejecutivo, el plan moviliza más de 5.000 millones de euros y agrupa 80 medidas dirigidas a hogares, empresas y sectores especialmente expuestos al alza de los costes energéticos.

El núcleo del primer decreto pasa por una rebaja temporal de la fiscalidad energética y de los combustibles. El texto reduce del 21% al 10% el IVA de la electricidad para contratos con potencia inferior o igual a 10 kW, una medida que alcanza a la mayoría de hogares, y rebaja también al 10% el IVA del gas natural, las briquetas, los pellets y la leña, además de aplicar ese mismo tipo a carburantes y combustibles hasta el 30 de junio de 2026. En paralelo, el Impuesto Especial sobre la Electricidad baja del 5,11269632% al 0,5%, también hasta el 30 de junio.

El decreto incorpora además una reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos para gasolinas y gasóleos hasta el mínimo permitido por la normativa comunitaria, y modifica la base imponible del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica durante 2026. A ello se suma la congelación del precio máximo antes de impuestos del butano envasado hasta el 30 de junio, una medida que busca contener la factura energética de los consumidores domésticos.

Junto a la rebaja fiscal, el plan activa ayudas para los sectores más golpeados por el encarecimiento del combustible. En el caso del transporte profesional con derecho a devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, la ayuda se fija en 0,20 euros por litro de gasóleo consumido entre la entrada en vigor del decreto y el 30 de junio de 2026. Para profesionales del transporte por carretera que no pueden acogerse a esa devolución, se articulan ayudas directas por vehículo, con cuantías que oscilan, según el tipo, entre 200 y 1.800 euros.

El campo también figura entre los destinatarios del paquete. El artículo 46 del decreto establece para productores agrarios una ayuda extraordinaria de 0,2 euros por litro de gasóleo de uso agrario adquirido hasta el 30 de junio de 2026, mientras que el Gobierno habilita 500 millones de euros para explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por el alza de costes, además de ampliar líneas de financiación y avales a través de ICO y SAECA.

En el terreno social, el Ejecutivo refuerza el bono social térmico, elevando a 50 euros la ayuda mínima por beneficiario y dotando con 90 millones adicionales esa partida. También prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la garantía de suministro de agua y energía para consumidores vulnerables. A ello se suma una cláusula laboral relevante: las empresas que reciban ayudas directas con cargo a este plan no podrán despedir por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción vinculadas a esta crisis hasta el 30 de junio de 2026; si lo hacen, deberán reintegrar la ayuda y el despido será considerado nulo.

El segundo decreto no establece una congelación general del precio del alquiler, como se dijo en un primer momento, sino dos medidas concretas. Por un lado, permite al inquilino solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos de vivienda habitual vigentes cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2027. Por otro, limita hasta esa misma fecha la actualización anual de la renta al 2% en ausencia de acuerdo entre las partes; si el arrendador es un gran tenedor, ese tope del 2% se aplicará en todo caso.

El paquete publicado en el BOE queda ahora pendiente de su convalidación en el Congreso, como ocurre con cualquier real decreto-ley. Mientras tanto, las medidas ya están activadas desde este domingo, con el Gobierno tratando de contener el golpe de una crisis que ha puesto el foco en los carburantes, la energía y el coste de la vivienda.