El Gobierno regional ha presentado alegaciones al proyecto estatal que modifica la regulación del informe de compatibilidad con las estrategias marinas, al considerar que el nuevo texto puede complicar la gestión ordinaria de los puertos y añadir obstáculos a actuaciones habituales de mantenimiento y conservación. La iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica no está aún aprobada, sino que se trata de un borrador sometido a información pública entre el 13 de febrero y el 16 de marzo, dentro del proceso de reforma del Real Decreto 79/2019.

La norma que el Ministerio quiere retocar regula el informe preceptivo y vinculante que deben obtener determinadas actuaciones en aguas marinas, su lecho o su subsuelo para comprobar su compatibilidad con las estrategias marinas. El borrador persigue, entre otros objetivos, actualizar el régimen vigente a los objetivos ambientales del tercer ciclo de esas estrategias, reforzar las exigencias en espacios marinos protegidos e incorporar nuevos criterios sobre pontones y boyas con materiales plásticos espumados.

El principal punto de fricción para la Comunidad está en los plazos. El régimen vigente fija en treinta días hábiles el plazo para emitir el informe de compatibilidad. El proyecto estatal plantea ampliarlo a sesenta días hábiles y, además, deja expresamente establecido que, si el informe no se emite en plazo, su sentido será desfavorable. El Ministerio justifica ese cambio en la experiencia acumulada desde la entrada en vigor del decreto de 2019.

Ese endurecimiento es precisamente uno de los aspectos que más rechaza el Ejecutivo murciano. En sus alegaciones, la Comunidad sostiene que duplicar el plazo supone un freno para la actividad portuaria y que convertir el silencio en negativo introduce un elemento de inseguridad jurídica que puede bloquear decisiones ligadas a competencias autonómicas. La crítica regional se dirige especialmente al impacto que esa reforma tendría sobre la operativa diaria de los puertos deportivos y autonómicos.

Otro de los frentes abiertos afecta a las actuaciones menores y de mantenimiento. El Gobierno regional pide que queden fuera de este informe trabajos ordinarios realizados en aguas interiores de los puertos, al entender que se desarrollan en espacios ya muy transformados y que resultan necesarios para garantizar el funcionamiento y la seguridad de las instalaciones. En la misma línea, reclama un tratamiento más ágil para los dragados de conservación y para las actuaciones de emergencia, con el argumento de que no pueden quedar atascadas durante meses por trámites que, a su juicio, apenas aportan valor ambiental en esos supuestos.

El borrador estatal no se limita a tocar los plazos. También amplía la documentación técnica exigible cuando la actuación afecte a espacios marinos protegidos, precisa que determinados vertidos sujetos al informe son los regulados en la Ley de protección del medio marino y añade nuevas restricciones para el uso de boyas y pontones de poliestireno expandido o extruido no revestidos. De hecho, prevé sustituir las boyas existentes de ese tipo antes de 2029 y los pontones antes de 2031.

Con este movimiento, la Comunidad intenta desplazar el debate desde la oposición frontal al control ambiental hacia la proporcionalidad de los procedimientos. El Gobierno regional no cuestiona la protección del medio marino, pero sí que esa protección se traduzca en un aumento de cargas administrativas para intervenciones rutinarias o urgentes en instalaciones portuarias. Más allá de este proyecto normativo, la posición del Ejecutivo regional conecta con la reclamación que Murcia y otras autonomías costeras trasladaron en febrero al Ministerio para ganar capacidad de decisión sobre el litoral.