La directora general de la Organización Internacional para las Migraciones, Amy Pope, ha respaldado la regularización extraordinaria de migrantes que prepara el Gobierno español y la ha definido como una medida “económicamente sensata” por su capacidad para sacar a cientos de miles de personas de la economía sumergida, reducir la explotación laboral y reforzar la protección salarial en sectores muy expuestos a la precariedad. En una entrevista concedida a EFE, Pope sostiene que garantizar derechos y salario mínimo a quienes hoy trabajan sin papeles no solo mejora su situación, sino que ayuda a evitar que esa bolsa de vulnerabilidad presione a la baja las condiciones del conjunto del mercado laboral.

El aval de la OIM llega en un momento en que el Ejecutivo ya ha activado la tramitación urgente de ese proceso extraordinario. El Consejo de Ministros autorizó el pasado 27 de enero el real decreto para regularizar a personas extranjeras que ya viven en España y que acrediten al menos cinco meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025, además de carecer de antecedentes penales. La previsión oficial es que las solicitudes comiencen a presentarse a principios de abril y permanezcan abiertas hasta el 30 de junio.

Según detalló entonces el Gobierno, la regularización dará acceso a una autorización de residencia legal inicial de un año. Además, desde la admisión a trámite de la solicitud, los beneficiarios podrán trabajar de forma provisional en cualquier sector y en cualquier punto del país. El Ejecutivo defiende que la medida responde a una realidad ya instalada en la economía española y la enmarca en un modelo migratorio basado en derechos, integración y cohesión social.

Ese es justamente el diagnóstico que comparte Pope. La responsable de la OIM considera que España está reconociendo una evidencia: su economía depende en buena medida de la mano de obra extranjera y una parte de esa población sigue atrapada en circuitos de irregularidad que la hacen más vulnerable a abusos y explotación. A su juicio, ordenar esa situación no solo protege a quienes hoy trabajan en negro, sino que introduce “salvaguardas” para que los salarios se mantengan en niveles adecuados para todos.

Durante su visita a Madrid esta semana, Pope se reunió con miembros del Gobierno español y elogió el enfoque migratorio del país. Tanto en su entrevista con EFE como en las referencias difundidas tras esos encuentros, la directora general de la OIM presenta a España como un referente por combinar vías legales, integración laboral y un enfoque más humano e integral de la movilidad, frente a recetas centradas casi exclusivamente en el control fronterizo.

La responsable del organismo de Naciones Unidas también advirtió de que los discursos que responsabilizan a la población extranjera del deterioro de los servicios públicos o del malestar social suelen apoyarse en soluciones simplistas. En su planteamiento, la clave no está en culpar al migrante, sino en que los gobiernos gestionen bien los recursos y diseñen políticas que permitan compatibilizar las necesidades del país receptor con la integración ordenada de quienes llegan.

Pope extendió esa idea al reparto de menores migrantes no acompañados, donde defendió un principio de “responsabilidad compartida” similar al que se discute dentro de la Unión Europea entre territorios de llegada y resto de socios. También apuntó que la guerra en Oriente Medio podría acabar teniendo efectos migratorios no solo por razones de seguridad, sino por el impacto económico derivado, entre otras cosas, del encarecimiento de la energía y los combustibles.

Con ese respaldo, la regularización extraordinaria gana un espaldarazo internacional en plena batalla política sobre la inmigración. Y no es menor: la OIM no la presenta como un gesto simbólico, sino como una pieza de ordenación económica y laboral. Traducido al castellano de la calle: menos sombra, menos abuso y más reglas para todos.