El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, aprovechó este domingo la asamblea general de los regantes para lanzar una advertencia sobre la situación del campo lorquino, que, a su juicio, afronta un momento límite por la combinación de escasez de agua, presión fitosanitaria y restricciones derivadas de las Zonas de Flujo Preferente. El regidor sostuvo ante los agricultores que las explotaciones están “en jaque” y reclamó una respuesta urgente del Gobierno central.

Gil centró buena parte de su intervención en la política hídrica. Su argumento parte de una paradoja que el sureste lleva años repitiendo: España tiene los embalses llenos, pero la Región de Murcia sigue hablando de escasez. Los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica sitúan esta semana la reserva hídrica nacional en el 83,2%, con 46.608 hectómetros cúbicos almacenados, mientras la cuenca del Segura se encuentra en el 51,2%. En paralelo, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura acordó en enero un trasvase de 81 hectómetros cúbicos para enero, febrero y marzo, al considerar que el sistema Entrepeñas-Buendía se encontraba en situación de normalidad hidrológica o nivel 2.

“El Gobierno da más agua de la pactada a Portugal mientras asfixia al sureste español con el recorte del trasvase Tajo-Segura. El presidente de la Agencia Portuguesa del Medio Ambiente ha llegado a solicitar a España que modulase las descargas para reducir el impacto de las crecidas”

Así, el alcalde redobló sus críticas al Ejecutivo central por mantener el recorte ligado a las reglas del trasvase y por la aplicación progresiva de los caudales ecológicos del Tajo, prevista en la normativa del plan hidrológico aprobado en 2023 y en vigor para 2026. Gil fue más allá y denunció además que España está liberando hacia Portugal más agua de la pactada en el Convenio de Albufeira, una afirmación que formuló en clave claramente política durante su intervención ante los regantes.

La segunda pata de su discurso fue la plaga de pulgón, que amenaza especialmente a cultivos hortícolas como la lechuga. El alcalde reiteró la exigencia de autorizar de forma excepcional un fitosanitario específico, el spirotetramat, comercializado como Movento, cuya utilización han reclamado la Región de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana. 

La presión política y agraria sobre este asunto no se limita ya al arco mediterráneo. La consejera murciana de Agricultura, Sara Rubira, explicó el viernes que la petición será llevada al próximo Consejo Consultivo tras recibir el respaldo de once comunidades autónomas, y subrayó que en lo que va de 2026 se han solicitado 18 autorizaciones excepcionales, de las que solo tres han sido concedidas. El Gobierno regional sostiene que la negativa coloca a los productores españoles en desventaja frente a países de la UE donde sí está permitido ese principio activo.

Gil añadió a ese diagnóstico la controversia de las Zonas de Flujo Preferente, un conflicto enquistado en Lorca desde hace años y que vuelve ahora a primera línea con la actualización cartográfica. La Asamblea Regional aprobó el pasado 11 de marzo solicitar al MITECO y a la Confederación Hidrográfica del Segura la anulación de los nuevos mapas, que, según la iniciativa salida adelante, afectan a más de 3.500 hectáreas y amplían en más de un 50% la superficie condicionada en áreas como Purias, Cazalla, Torrecilla y Campillo. El PSOE, sin embargo, defendió que pedir la anulación no era viable y apostó por una revisión de la cartografía.

Así, el alcalde reclamó que no se consoliden esas limitaciones hasta que no se ejecuten las infraestructuras pendientes del Plan de Defensa de Inundaciones, entre ellas presas, diques de laminación y actuaciones en ramblas y cauces.