Las grandes operaciones de concentración en el mundo empresarial español, últimamente, no están saliendo bien. Un claro ejemplo es el fracaso de la integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). La operación buscaba crear un “campeón nacional” de defensa terrestre capaz de tirar del resto del sector, para así aprovechar al máximo los miles de millones que lloverán en los próximos años al calor del rearme europeo.

Los inicios de esta operación se remontan a enero de 2025, cuando Ángel Escribano es nombrado presidente de Indra. Un mes antes, los Escribano habían aumentado su peso en la tecnológica desde el 8,3% hasta el 14,3%, afianzándose así como el primer accionista privado de la compañía. 

Con Escribano ya sentado en el sillón de mando, la compañía se lanzó a crecer en espacio y defensa. En este segundo ámbito, la empresa intentó primero adquirir Santa Bárbara, que pertenece a la estadounidense General Dynamics, se negó a vender y Escribano tuvo que buscar un plan B. Indra apuntó a comprar la planta de Duro Felguera en El Tallerón.

En paralelo, a finales de abril salta a los medios que Indra está interesada en fusionarse con EM&E, una operación que desde el principio denotaba un obvio conflicto de intereses por tener a los Escribano tanto en la parte compradora como en la vendedora.

El 10 de julio del año pasado, el consejo de administración de Indra trata la operación de integración con EM&E y salta la sorpresa: los allí reunidos deciden crear una comisión ad hoc, integrada por consejeros independientes, para supervisar el cumplimiento de “las reglas aplicables para la correcta gestión de los conflictos de interés”, según informó al regulador bursátil, en un texto en el que no se mencionaba directamente a EM&E. 

Esta comisión elaboró un informe que fue votado en el consejo en diciembre, donde por unanimidad se decidió que la operación era "coherente" con la estrategia de Indra. Es decir, que lo aprobaron tanto la SEPI como SAPA, que fue contraria desde un principio a la integración.

El Gobierno planteó que Indra comprase la mayoría de EM&E sin fusión, evitando así que la familia se hiciese con un peso superior al de la SEPI en el accionariado de la tecnológica. Este temor se sustentaba en el meteórico ascenso del valor de EM&E: la compañía, que en 2021 se tasó en 100 millones, se especulaba con que valía más de 1.000 millones cuando se hizo oficial el interés de Indra, y en estos días ya se colocaba por encima de los 2.000 millones, según estimaciones del mercado.

Y ahora, ¿qué?

De esta forma, el Gobierno se ha quedado sin la operación que buscaba para crear el campeón nacional en defensa terrestre y, además, ha visto cómo Escribano se queda con el bastón de mando, al menos de momento. La Moncloa lo convocó este viernes a una reunión para entablar un diálogo sobre cómo seguir a partir de ahora. Los hermanos se escudan en el apoyo que tienen de buena parte del accionariado, el cual no olvida que con Escribano en la presidencia la compañía se disparó un 184% en Bolsa el año pasado, siendo el valor del Ibex 35 que mejor comportamiento tuvo.