El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la petición de Airbnb para suspender de forma cautelar la multa de 64 millones de euros que le impuso el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a finales de 2025. La decisión obliga a la plataforma a afrontar el pago de la sanción mientras se resuelve el recurso principal, aunque todavía puede presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal.

La sanción fue firmada por Consumo el 15 de diciembre de 2025 y ascendió exactamente a 64.055.311 euros. Según el departamento que dirige Pablo Bustinduy, el expediente se apoyó en irregularidades detectadas en 65.122 anuncios publicados en la plataforma, una cifra que situó este castigo entre los mayores impuestos en España por infracciones de consumo.

El grueso de la multa responde a una infracción considerada grave por prácticas comerciales desleales. Consumo reprochó a Airbnb haber difundido anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, otros con números de registro que no se correspondían con los oficiales y otros en los que no se informaba de forma veraz sobre la naturaleza jurídica del anfitrión, lo que, a juicio del Ministerio, constituía también publicidad engañosa.

A esa infracción principal se añadieron otras tres sanciones menores: 10.000 euros por incumplimientos en los contratos celebrados a distancia, otros 10.000 euros por obstrucción o negativa a facilitar información durante la instrucción del expediente y 55.000 euros por incumplir órdenes o medidas provisionales dictadas durante la tramitación. En conjunto, la cuantía total quedó fijada en esos algo más de 64 millones de euros.

El Ministerio justificó la sanción principal al sostener que equivalía a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb con esas prácticas desde el apercibimiento inicial hasta la retirada de los anuncios. La resolución administrativa, además, incluyó dos medidas accesorias: obligar a la compañía a rectificar los incumplimientos detectados y a hacer pública la multa impuesta.

La resolución conocida ahora no entra todavía en el fondo del litigio, pero sí supone un nuevo revés judicial para la plataforma en su enfrentamiento con Consumo. El TSJM ya había respaldado previamente distintas órdenes del Ministerio para la retirada de miles de anuncios irregulares de viviendas turísticas, en una ofensiva que el Gobierno enmarca en su estrategia de control del alquiler turístico y de presión sobre el mercado de la vivienda.