El Gobierno regional ha presentado alegaciones al texto del real decreto con el que el Ministerio de Trabajo quiere desarrollar las reglas de aplicación del salario mínimo interprofesional y transponer la directiva europea sobre salarios mínimos adecuados. La Comunidad sostiene que esa regulación "invade materias reservadas a la ley, debilita la negociación colectiva y no incorpora de forma suficiente las exigencias europeas en contratación pública", según ha detallado la Consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

La propia memoria del Ministerio explica que el proyecto pretende desarrollar los artículos 26, 27, 64 y 89 del Estatuto de los Trabajadores, regular el procedimiento de fijación del SMI, ordenar las reglas de compensación y absorción, reforzar la negociación colectiva y crear una comisión asesora para el análisis del salario mínimo. El SMI de 2026 ya fue fijado en febrero en 1.221 euros mensuales o 40,70 euros al día, pero el debate abierto ahora no se centra en la cuantía, sino en la arquitectura jurídica que debe acompañarla.

Ahí ha puesto el foco la consejera Marisa López Aragón, que ha querido marcar una línea desde el principio. Según las declaraciones remitidas por su departamento, “el Gobierno regional no está en contra de la subida del salario mínimo interprofesional”. La objeción, ha insistido, se dirige a “esas reglas de aplicación, nunca en contra de la subida del salario mínimo interprofesional”.

La primera crítica del Ejecutivo regional apunta al encaje legal del texto. La Comunidad sostiene que el decreto “invade claramente el ámbito de normas con rango de ley y quiebra principios básicos como la legalidad y la jerarquía normativa”, además de apartarse, según su interpretación, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El segundo bloque de alegaciones se apoya en la normativa europea. La Directiva (UE) 2022/2041 establece que los Estados deben tener en cuenta, entre otros factores, el poder adquisitivo, la productividad y la evolución de los salarios a la hora de evaluar la adecuación del salario mínimo, y exige además medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales en la contratación pública. Sobre esa base, López Aragón reprocha al Ministerio que el texto “olvida aspectos esenciales de la directiva, especialmente en materia de contratación pública” y añade que “no se puede exigir a las empresas el cumplimiento del SMI mientras la propia Administración no garantiza ese mismo cumplimiento en sus contratos y subcontratas”.

La consejera cuestiona también el sistema de revisión previsto en el borrador estatal. A juicio del Gobierno murciano, el modelo liga las actualizaciones “únicamente al IPC” y deja en segundo plano variables que la directiva europea menciona expresamente, como la productividad, el poder adquisitivo o la evolución real de los salarios. En palabras de López Aragón, se trata de “un enfoque incompleto que no se ajusta ni a la normativa europea ni al Estatuto de los Trabajadores”.

Otro de los puntos está en la compensación y absorción salarial, una materia especialmente sensible porque afecta a cómo se integran en el salario global determinados complementos retributivos. El Ministerio justifica en su memoria que quiere atajar una “fuente habitual de litigiosidad” y reconoce que el impacto de la futura norma dependerá en gran medida de lo que pacten sindicatos y empresarios en cada convenio. La Comunidad, sin embargo, entiende que el texto “limita de forma indebida un mecanismo reconocido legalmente” y altera la naturaleza del SMI al desdibujar su carácter de umbral global anual.

Ese es precisamente el punto desde el que el Gobierno regional articula su crítica más política. Para López Aragón, el decreto supone “un cambio de modelo en las relaciones laborales” porque “sustituye el diálogo social por el intervencionismo del Gobierno”. La memoria ministerial, por su parte, subraya que la directiva obliga a implicar a los interlocutores sociales de forma “oportuna y efectiva” en la fijación y actualización del salario mínimo y que la negociación colectiva debe seguir siendo el principal mecanismo de adaptación. 

La Comunidad añade además un reproche a la memoria de impacto normativo, a la que acusa de falta de rigor por no incorporar, a su juicio, estudios económicos completos ni una evaluación suficiente de las cargas administrativas. Con esas alegaciones, el Gobierno regional reclama al Ejecutivo central una revisión a fondo del texto para garantizar su adecuación legal, el respeto a la negociación colectiva y una transposición correcta de la directiva europea.