El caso de los terrenos contaminados de la antigua Española del Zinc (Zinsa), en Torreciega (Cartagena), dará un nuevo salto político e institucional. Podemos ha anunciado que ha conseguido llevar a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo las reclamaciones vecinales sobre la situación ambiental del enclave, con la previsión de que el asunto pueda abordarse en la próxima reunión del órgano, prevista para los días 15 y 16 de abril. El calendario de la comisión fija esas fechas como su siguiente sesión ordinaria, aunque el orden del día concreto de abril aún no figura publicado en la web oficial de la Eurocámara.

La iniciativa parte de una petición impulsada por la formación morada, que denuncia un presunto incumplimiento de la legislación ambiental europea por la persistencia de residuos peligrosos en los antiguos terrenos industriales de Zinsa. En palabras de la diputada regional María Marín, “ante la inacción del Gobierno regional, del Ayuntamiento de Cartagena y de la justicia, solo nos quedaba una opción para solucionar la grave situación ambiental de los terrenos de Zincsa: recurrir a las autoridades europeas”.

Ya en agosto de 2024, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena ordenó a la empresa propietaria de los terrenos, Cartagena Parque, el “sellado inmediato” de las balsas de residuos peligrosos de Zinsa para evitar que siguieran contaminando las aguas que desembocan en la dársena del Puerto de Cartagena. Aquel auto judicial consideró necesario actuar conforme al régimen legal de vertederos y a la autorización ambiental integrada del emplazamiento.

Sin embargo, el problema no ha desaparecido del tablero. A finales de enero de 2026, el Gobierno regional impuso a Cartagena Parque una multa de 2 millones de euros por no ejecutar las operaciones de descontaminación y recuperación de la parcela, una superficie de 427.353 metros cuadrados declarada como suelo contaminado en diciembre de 2019. La Comunidad justificó entonces la sanción por el incumplimiento de los requerimientos de limpieza y recuperación ambiental exigidos a la mercantil como propietaria del suelo.

Ese recorrido administrativo y judicial es el que Podemos utiliza ahora para sostener que las respuestas dadas hasta la fecha han sido insuficientes. Marín recuerda que, pese a la orden judicial de 2024, “desde entonces la inacción del Gobierno regional de López Miras, de la alcaldesa Noelia Arroyo y también de la justicia ha sido total”. La diputada añade que su grupo llevará el asunto “donde haga falta hasta que se arregle esta vergüenza, se descontaminen los terrenos y podamos vivir con seguridad en Cartagena”.