La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles en el Congreso que el nuevo registro horario saldrá adelante “aunque sea lo último que haga”, en una intervención con la que quiso dejar claro que su departamento no piensa aparcar una de las reformas laborales que considera clave para combatir las horas extra no pagadas.

Díaz defendió que el refuerzo del registro horario no nace de un capricho político, sino de una exigencia: que el control de la jornada sea eficaz, objetivo y verificable, en línea con la doctrina europea que desde 2019 obliga a los Estados a garantizar sistemas fiables para medir el tiempo de trabajo. Por eso insistió en que esta reforma seguirá su curso aunque la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas haya fracasaco en el Congreso. Trabajo sostiene que son dos piezas conectadas, pero no idénticas, y que la del registro puede tramitarse por separado.

El choque político y jurídico se ha agravado en los últimos días. El Consejo de Estado emitió un informe muy crítico con el texto impulsado por Trabajo al cuestionar, entre otros puntos, la falta de memoria económica suficiente, los problemas de encaje normativo y algunos riesgos en materia de protección de datos. Ese dictamen, no vinculante, se apoya además en reparos formulados por otros departamentos, entre ellos Economía, algo que Díaz ha interpretado como un intento de boicot interno. La ministra llegó a calificar de “muy grave” que se dé cobertura a una posición que, a su juicio, termina favoreciendo a las empresas incumplidoras.

Pese a ese revés, el Ministerio de Trabajo mantiene la idea de seguir adelante con el decreto introduciendo, en su caso, ajustes técnicos, pero sin tocar el núcleo de la reforma. El objetivo es endurecer el actual sistema de control de jornada con un modelo más digital, accesible para la Inspección de Trabajo y menos vulnerable a fraudes o manipulaciones. El borrador sometido a consulta ya recogía obligaciones reforzadas de acceso, consulta y conservación del registro, así como protocolos internos en las empresas.

Durante el mismo intercambio parlamentario, Díaz se refirió también a la reforma del despido y reconoció que España está incumpliendo la Carta Social Europea al mantener un sistema que, a su juicio, sigue haciendo demasiado barato despedir. La ministra afirmó que espera una propuesta sindical para avanzar hacia un modelo “restaurativo”, con indemnizaciones más ajustadas al daño causado.