El Congreso debate y vota este jueves 26 de marzo la convalidación del Real Decreto-ley 7/2026, el paquete económico aprobado por el Gobierno para amortiguar en España las consecuencias de la guerra en Irán y del deterioro en Oriente Medio. El plan moviliza 5.000 millones de euros y combina medidas de alivio inmediato sobre la energía y los carburantes con otras ayudas sectoriales y actuaciones de más largo alcance ligadas a la autonomía energética.

La clave parlamentaria ha cambiado en las últimas horas. El Ejecutivo llega a la votación con el sí de Junts ya encarrilado y con la abstención de Podemos, lo que le da margen para sacar adelante el decreto sin necesidad del apoyo del PP, que sigue sin desvelar oficialmente el sentido de su voto y ha reclamado más tiempo para negociar. También el PNV ha adelantado su respaldo al decreto económico.

El acuerdo con Junts no ha sido gratuito. La formación de Carles Puigdemont condicionó su apoyo a que el PSOE respaldara en el Congreso parte de una proposición no de ley sobre medidas fiscales urgentes, entre ellas la exención del IVA para autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año. Los socialistas han confirmado su voto favorable a ese punto, aunque de momento no hay calendario cerrado sobre cómo y cuándo se plasmaría esa medida en el BOE.

En el contenido del decreto, una de las medidas más visibles es la rebaja temporal del IVA de los carburantes del 21% al 10% hasta el 30 de junio de 2026. A ello se suman la bajada al 10% del IVA de la electricidad para la práctica totalidad de los hogares, la reducción al 10% del IVA del gas natural, pellets y leña, y el recorte del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,11% al 0,5%.

El plan refuerza además la protección social y el apoyo a sectores especialmente golpeados por la crisis energética. El decreto prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, eleva la ayuda mínima del bono social térmico y mantiene la prohibición de interrumpir suministros esenciales a los hogares más vulnerables.

En paralelo, incluye ayudas directas para actividades especialmente expuestas al alza de costes. El texto prevé compensaciones de 0,2 euros por litro de combustible para el sector pesquero y una ayuda extraordinaria para agricultores por el encarecimiento de los fertilizantes, además de otras medidas para facilitar la movilidad sostenible al trabajo y acelerar inversiones vinculadas a la electrificación y al autoconsumo.

Así, la votación servirá para medir algo más que la resistencia parlamentaria del Gobierno. El Ejecutivo intenta presentar este decreto como una red de protección urgente frente a una guerra que ya está encareciendo la energía y tensionando la economía europea, mientras el PP insiste en que el paquete se queda corto por no incluir, entre otras medidas, la deflactación del IRPF.