El Congreso de los Diputados convalidó este jueves el decreto anticrisis aprobado por el Gobierno para amortiguar en España el impacto económico de la guerra en Irán y de la tensión en Oriente Medio. La norma salió adelante con el apoyo del PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios, incluido Junts, mientras que PP y Podemos se abstuvieron y Vox fue el único grupo que votó en contra. El resultado de la votación fue de 175 síes, 33 noes y 141 abstenciones.

El texto convalidado es el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de marzo y publicado después en el BOE. El plan moviliza 5.000 millones de euros y forma parte de la respuesta del Ejecutivo al encarecimiento energético provocado por el conflicto y por la alteración del tráfico en el estrecho de Ormuz.

Entre las medidas más visibles figuran la rebaja del IVA de los carburantes al 10%, la reducción también al 10% del IVA de la electricidad, el gas natural, los pellets y la leña, además de la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y la bajada del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5%. El decreto añade también la congelación del precio máximo del butano y del propano y la bonificación del 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.

La norma reserva además ayudas directas para los sectores más expuestos al alza de costes. Entre ellas, una compensación de 20 céntimos por litro de combustible para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, así como una ayuda equivalente para fertilizantes. El Gobierno ha defendido estas medidas como un escudo inmediato para frenar el golpe sobre la actividad y sobre la cesta de la compra.

El decreto incorpora asimismo un bloque social y laboral. Prorroga los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, refuerza la protección de los hogares vulnerables frente a cortes de suministros y veta los despidos por causas económicas vinculadas a la crisis en las empresas que se beneficien de ayudas públicas incluidas en este plan. También refuerza las capacidades de supervisión de la CNMC sobre los márgenes empresariales en el sector energético.

En el plano político, el Gobierno logró salvar la votación después de cerrar un acuerdo con Junts, que vinculó su apoyo al respaldo del PSOE a parte de una iniciativa fiscal sobre autónomos. El PP justificó su abstención al considerar que el decreto se queda corto y que no incorpora medidas como la deflactación del IRPF, mientras Podemos se desmarcó por la ausencia de topes directos a precios y márgenes.