La implantación de la jornada semanal de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE) ha dado un paso decisivo este jueves después de que CCOO anunciara que firmará mañana, 27 de marzo, el acuerdo con el Gobierno. El cambio de posición del sindicato llega tras aceptar Función Pública una de sus principales exigencias: que la reducción de jornada se aplique a todo el personal de la AGE, sin dejar fuera a quienes desempeñan jornadas especiales, turnos, horarios partidos o servicios en centros docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla.

Hasta ahora, el principal escollo estaba precisamente ahí. Según CCOO, la propuesta inicial del Ejecutivo limitaba la aplicación de las 35 horas al personal que trabaja de lunes a viernes, lo que dejaba fuera a una parte relevante de la plantilla estatal. El sindicato rechazó esa posibilidad por considerar que generaba una discriminación entre trabajadores con el mismo empleador, al mantener para unos un cómputo anual de 1.533 horas y para otros uno superior a 1.642 horas.

Con el cambio introducido por el Gobierno, el acuerdo queda mucho más cerca. UGT ya había comunicado su respaldo el miércoles, mientras que CSIF ha indicado que también lo firmará si el documento definitivo incorpora de forma expresa la extensión de las 35 horas a todo el personal civil de la AGE. El sindicato independiente asegura que no duda del compromiso político, pero quiere comprobar que quede reflejado negro sobre blanco en el texto final.

La medida afectará, según los cálculos de CCOO, a más de 246.000 empleados públicos y se aplicará de forma progresiva, dada la heterogeneidad de servicios, organismos y calendarios laborales dentro de la Administración del Estado. El plan pasa por que, en un plazo de 15 días, la Secretaría de Estado de Función Pública modifique la resolución general de jornadas y horarios de 28 de febrero de 2019, de modo que la nueva jornada quede formalmente implantada.

El acuerdo prevé además adaptar los regímenes de especial dedicación del personal directivo, que pasarán a una media de 37,5 horas semanales en cómputo anual, y obliga a ministerios, agencias y organismos con horarios especiales a revisar sus instrucciones internas y calendarios laborales mediante negociación con la representación sindical correspondiente.

Los sindicatos enmarcan esta reforma como una herramienta para modernizar la organización del trabajo en la AGE, mejorar la conciliación, reforzar la atracción y retención de talento y aliviar la presión en algunos servicios públicos.