El Boletín Oficial del Estado ya recoge los dos reales decretos por medio de los cuales el Gobierno busca combatir los efectos que está provocando en la economía española la guerra de Irán. Uno de ellos, el que tiene que ver con el ámbito de la vivienda, contempla la congelación de los contratos de alquiler que venzan este año y el siguiente, esto es, en lo que queda de 2026 y en 2027. Según los cálculos que ha elaborado un equipo técnico del Ministerio de Consumo, 1.037.603 contratos en los que viven 2.687.392 personas podrían acogerse a la prórroga extraordinaria.

Esta, según el real decreto ley que aprobó el Gobierno y que está vigente a la espera de que el Congreso lo valide o rechace, debe concretarse en los mismos términos y condiciones del contrato actual. Es decir, sin subidas de precios más allá de la actualización anual de renta, que la misma norma limita al 2%. Tomando como referencia los últimos datos del INE, esto representa a uno de cada cuatro hogares en régimen de alquiler.

Las cifras de Consumo contemplan todos los contratos firmados en 2021 y 2022, que al tener una duración mínima de cinco años, deberían caducar este año y el que viene. El cálculo, con todo, solo puede ser una aproximación. Por un lado, habría que descontar los contratos que ya hubieran vencido antes de la entrada en vigor del decreto, el pasado domingo.

Por otro, no tiene en cuenta los contratos que, por el motivo que sea, se hayan resuelto antes de agotar su duración mínima legal (una posibilidad que la ley da a los inquilinos, y a los caseros en supuestos de recuperación de la vivienda por necesidad de usarla personalmente o para familiares en primer grado de parentesco). También habría que tener en cuenta que los contratos firmados con empresas tienen una extensión mínima de siete años, con lo que caducarán más tarde. Y por último, al basarse en datos fiscales, la estimación no contempla datos de País Vasco y Navarra.

Para el Ministerio de Consumo, y por extensión, para Sumar, la necesidad de que el paquete anticrisis anunciado la semana pasada por el presidente Pedro Sánchez contuviera medidas que incidieran sobre el mercado de la vivienda era una línea roja. Tanto que el Consejo de Ministros extraordinario que se celebró el viernes de la semana pasada comenzó con una demora de varias horas por el plantón del socio minoritario del Gobierno ante la negativa del PSOE a incorporar este tipo de medidas.

Pese a que en un inicio la cifra de contratos de alquiler que caducarían en los próximos años que venía anunciando Sumar para justificar su intervención era de alrededor de 600.000, los técnicos del Ministerio de Consumo la han elevado ahora por encima del millón (1.037.603, exactamente) sumando aquellos que caducan en 2026 y en 2027 (632.369 y 405.234, respectivamente). Se trata de los contratos que se firmaron en 2021 y 2022, y cuya vigencia de cinco años se cumple entre este año y el siguiente.