Noelia Castillo tenía 25 años. Veinticinco. Una edad en la que la vida debería abrirse paso con fuerza, repleta de sueños y proyectos, plagada de errores y asomándose a segundas, terceras y cuartas e infinitas oportunidades. En cambio, en España, los mecanismos sanitarios y judiciales, han administrado una inyección letal a una joven de veinticinco años. Noelia ha muerto esta semana no por accidente, ni por muerte natural derivada de una enfermedad, ni siquiera por compasión. Nos ha dejado gracias a un suicidio asistido, en la más absoluta soledad, envuelto en el eufemismo de una muerte en la que, me van a perdonar, me cuesta ver algo de dignidad.

Noelia se quedó parapléjica, en octubre de 2022, tras arrojarse desde un quinto piso fruto de la desesperación. Por aquel entonces cargaba con una historia de horror: una violación múltiple que destrozó su cuerpo y su alma, provocándole un sufrimiento real, profundo, lacerante e insoportable. La entiendo. Nadie con un mínimo de humanidad puede negar la evidencia. Pero de ahí a convertir al Estado, el mismo que le falló cuando debía cuidarla y protegerla, en un verdugo, hay un abismo ético y jurídico que lamento comprobar que hemos cruzado con una ligereza pasmosa desde que en 2021 se aprobó la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia en este país. Una norma que permite abrir la puerta al homicidio legal sin diferenciar entre un sufrimiento físico irreversible y un trastorno psicológico que puede tratarse, atenderse y aliviarse, aunque no sanarse.

La historia de Noelia, tan cruda como triste, ha dejado al descubierto las grietas internas de nuestro sistema que, consciente del abandono institucional al que condenó a una víctima rota por el dolor, ha intentado reparar su irresponsabilidad manifiesta con un acto de un egoísmo -y una maldad- todavía mayor que el anterior.

De nada sirvieron los intentos desesperados de su padre de Gerónimo, luchando hasta el final, recurriendo a todas las instancias posibles, suplicando atención, acompañamiento, terapia, apoyo y esperanza. Rogando alternativas para salvar la vida de su hija y para costear el tratamiento necesario que le permitiese decidir sobre su futuro lejos de ese pozo de sufrimiento que la asfixiaba. Todo mi afecto para él y la familia en estos momentos tan duros que se aceleraron con la respuesta de un sistema que no perdió ni un segundo en cuanto Estrasburgo desestimó las medidas cautelares solicitadas. La Generalitat de Cataluña, que la operó, la rehabilitó y consiguió que pudiera llegar hasta a subir escaleras, decidió que era mejor quitársela de en medio. Una pendiente resbaladiza donde el ‘derecho a morir’ se ha impuesto sobre el derecho a vivir cuya defensa es ya un declarado acto de resistencia.

Y aquí está el verdadero núcleo del problema. Un marco normativo tramitado con urgencia, en plena pandemia, y con filtros éticos más que laxos, ha convertido el sufrimiento en un mero trámite administrativo. Muy lejos, me van a disculpar, de un verdadero gesto de libertad.

Noelia ha sido la cara frágil, dulce y visible de un profundo fracaso colectivo. Detrás vendrán muchos otros si no se pone remedio y cordura: ancianos solos, enfermos crónicos, personas con depresión profunda que ven en la inyección letal la única salida frente a una sociedad que ha renunciado a cuidar para autorizar la muerte -por otra parte, televisada, minuto a minuto- como si no fuese algo irreversible, grave y una auténtica derrota moral de todos.

¿Dónde ha quedado el deber de cuidado del Estado? ¿Dónde la obligación de proteger la vida del más vulnerable? En España hemos pasado de defender el derecho a la vida como valor superior indiscutible, en el artículo 15 de la Constitución, a consagrar la muerte como un derecho fundamental subjetivo que el sistema debe facilitar. Y lo hacemos con una frialdad burocrática que hiela la sangre. Preferimos eliminar al que sufre antes que invertir recursos, tiempo y conciencia para sostenerlo entre todos. Es más barato, más cómodo y se presenta como lo políticamente correcto. Una contradicción cortesía de quienes aplauden la “autonomía” individual y exigen respeto -faltaría más- mientras se olvidan de que esa autonomía, cuando la persona está rota por el dolor y el trauma, necesita tutela, no confirmación de su deseo de desaparecer. Cuando la vida duele, lo verdaderamente humano y honesto es estar para lo que sea necesario, no matar.

Noelia pedía “irme ya y dejar de sufrir”. La escuchamos decirlo en público de una manera tan aséptica que conmovió a todo un país que, en lugar de ofrecerle comprensión, medios o alternativas creíbles para dar sentido a su vida, validó su desesperación y justificó su ejecución, en el ejemplo más repulsivo del triunfo de una ideología. Defender a Noelia, sin juzgarla, ni moralizarla, no era imponerle un sufrimiento que ni ella, ni nadie querríamos. Era negarse a que el Estado se convirtiese en cómplice de su desesperación. Era exigir que se agotasen todas las vías de cuidado, atención, amor y sanación antes de pulsar el botón de eliminar. Porque la muerte no admite vuelta atrás. No hay segundas oportunidades. Solo queda el vacío y una pregunta tan incómoda como necesaria: ¿podríamos haber  hecho algo más?

A Noelia no la ha matado solo su sufrimiento. La han matado una ley con muchas sombras, unas instituciones que priorizan la “calidad de vida” sobre la vida misma y una sociedad que prefiere el silencio cómodo al esfuerzo y el sacrificio por los demás. Se ha ido Noelia, pero podría ser cualquier otro cuando alguien decida que su vida ya no merece la pena. Ojalá lo que hemos vivido estos días no sea solo un titular efímero. Espero y deseo que sirva para replantearnos si queremos una sociedad que cura o una que abandona y elimina. Descansa en paz, Noelia.