La Comisión Europea ha decidido acelerar su respuesta al encarecimiento de los fertilizantes y presentará un plan de acción durante el segundo trimestre de este año, al tiempo que convocará una reunión urgente el 13 de abril con representantes del sector agrario, la industria y los Estados miembros. El anuncio lo realizó este lunes el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, al término del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE, en una jornada en la que el coste de estos insumos volvió a colocarse en el centro del debate comunitario.

La preocupación no es nueva, pero la guerra en Oriente Medio la ha empeorado. Según expuso Hansen, los precios de los fertilizantes siguen siendo una fuente de presión para el campo europeo, en un mercado ya tensionado antes del conflicto con Irán. La Comisión viene manejando desde comienzos de año que los costes siguen alrededor de un 60% por encima de los niveles de 2020, una referencia que varios actores del sector consideran ya insostenible para muchas explotaciones.

El comisario avanzó que Bruselas trabaja en medidas con doble horizonte. Por un lado, quiere apoyar la producción europea de fertilizantes y reducir dependencias exteriores; por otro, pretende ayudar a los agricultores a usar mejor estos productos, impulsar alternativas de base biológica y favorecer opciones con menor huella de carbono. Esa combinación apunta a una estrategia menos coyuntural y más de reordenación del mercado, aunque todavía sin medidas cerradas sobre la mesa.

Donde sí hubo una respuesta clara fue en el debate sobre el CBAM, el mecanismo europeo de ajuste en frontera por carbono. Francia, Italia y Croacia reclamaron suspender temporalmente ese gravamen para los fertilizantes importados, al entender que aliviaría la presión sobre los agricultores. Pero la Comisión volvió a cerrarse en banda: Hansen advirtió de que parar ahora ese instrumento podría aumentar la dependencia de las importaciones y generar más incertidumbre en lugar de resolver el problema.

La alternativa que Bruselas deja abierta es otra: estudiar si parte de los ingresos obtenidos por ese mecanismo pueden destinarse a estabilizar precios o compensar daños al sector agrario. El CBAM entró en vigor el 1 de enero de 2026 y grava las emisiones asociadas a productos importados como fertilizantes, acero o cemento, con el objetivo de evitar que la industria europea compita en desventaja frente a mercancías procedentes de países con reglas climáticas más laxas.

En paralelo, la UE ya ha empezado a mover algunas piezas previas al futuro plan. El pasado 9 de febrero, la Comisión anunció nuevas reglas para facilitar el uso de RENURE, fertilizantes obtenidos a partir de estiércol procesado, con la idea de reducir costes, ganar autonomía estratégica y sustituir parte de los fertilizantes minerales importados. Es una medida parcial, pero revela por dónde quiere caminar Bruselas: menos dependencia exterior y más aprovechamiento de recursos propios.

La presión no se limita al campo. El Consejo también analizó el golpe del alza energética sobre la pesca y la acuicultura, y los Estados miembros acogieron favorablemente la intención de activar con rapidez las disposiciones del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) para sostener al sector ante la subida del combustible. El mensaje de fondo del bloque es claro: el coste de la energía ya no amenaza solo márgenes empresariales, sino la viabilidad de actividades enteras del sector primario europeo.