La falta de ambición en el próximo presupuesto europeo se ve con nitidez en un punto: la mayoría de Estados miembros recibirán menos dinero para la financiación de políticas tradicionales de la UE como la agraria o la de cohesión. A España, por ejemplo, le corresponderán unos 73.890 millones, un 12% menos que en el periodo actual, sin tener en cuenta las cantidades que están llegando por el Fondo de Recuperación. 

En la propuesta que presentó en julio pasado, los números se lanzaron sin hacer este cálculo que sí ha hecho el Parlamento Europeo aplicando un deflactor de precios del 2%, es decir, el objetivo de inflación que utiliza el BCE. Fuentes del Consejo de la UE señalan que el Ejecutivo de la UE nunca ha facilitado los datos a precios constantes, nombre técnico de una cifra a la que se le descuenta el efecto de la subida de los precios, durante las conversaciones.

La diferencia entre un dato y otro es importante, y resulta clave a la hora de sentarse a negociar. Este ejercicio lo han hecho los técnicos de la Eurocámara y en él se aprecia el recorte que, en el caso de España, afectaría principalmente a los fondos de cohesión. En la política agraria común, en cambio, habrá recorte o no según lo que decida el Gobierno de turno.

Uno de los cambios más radicales previstos en el próximo presupuesto europeo es la forma en la que se gestionan las políticas tradicionales como los fondos agrícolas, los de cohesión o el Fondo Social Europeo. Salvo un giro muy importante durante la negociación entre el Consejo y el Parlamento, habrá una centralización y nacionalización importante de estas áreas.

Corresponderá a los Estados miembros presentar un plan nacional en el que se desarrollarán las líneas de acción propuestas, con cierto margen de flexibilidad para que cada capital decida dónde pone más o menos recursos. Es por eso que, en el caso de España, los recursos de la política agraria pueden aumentar respecto de lo destinado en el actual periodo presupuestario: entre 2021 y 2027, la cifra es de algo más de 46.300 millones, y en la parte alta de la horquilla de las próximas cuentas se llegaría a cerca de 53.000 millones.

“Tras varios meses analizando la propuesta presupuestaria, el panorama se ha aclarado. Lo que está surgiendo no es solo una reforma presupuestaria, sino un claro cambio de poder”, lamenta Kata Tüttö, presidenta del Comité de las Regiones.

Esta institución se ha mostrado muy crítica con la nueva estructura de gobernanza que plantea la Comisión para el próximo presupuesto, ya que las Administraciones regionales perderían parte del rol que juegan en la actualidad. “Sustituye un sistema basado en políticas europeas comunes por otro impulsado por el regateo político nacional. La cohesión ya no es una política garantizada: se convierte en una opción entre muchas, obligada a competir dentro de las dotaciones nacionales”, añade.