Hay algo profundamente hipócrita en todo lo que rodea a Forestalia y, en realidad, a buena parte del negocio renovable que se ha instalado en España con la bendición de gobiernos, administraciones y grandes despachos. Nos llevan años hablando de transición ecológica, de energía limpia, de futuro verde, de compromiso con el planeta. Y mientras tanto, por detrás, se ha ido tejiendo una red de intereses que huele demasiado a lo de siempre: dinero, poder, puertas giratorias, presión sobre la Administración y un desprecio absoluto por el territorio y por quienes viven en él.

En realidad no estamos hablando de un debate abstracto sobre energías limpias. Estamos hablando de proyectos concretos, de informes ambientales que advertían de impactos graves y de decisiones que, aun así, siguieron adelante. ¿Cómo puede ser que un informe negativo sobre una zona protegida, sobre el daño a la fauna o sobre el destrozo del paisaje termine convertido en un sí? ¿Qué clase de sistema permite que la protección ambiental sea, en la práctica, un trámite decorativo? Una vez más, comprobamos que, cuando el negocio aprieta, la ley se dobla. Y cuando la ley se dobla, alguien gana mucho dinero mientras otros pierden su tierra, su entorno y, muchas veces, su capacidad de defenderse.

Eso es lo que convierte este caso en algo mucho más grande que una empresa o que un expediente. Forestalia es el síntoma de un modelo enfermo. Un modelo en el que la transición energética, que debería ser una oportunidad para reparar desequilibrios históricos, corre el riesgo de convertirse en otro pelotazo más. Ya lo vivimos con el ladrillo. Ya vimos cómo se alimentó una burbuja que enriqueció a unos pocos y dejó detrás una estela de destrucción, corrupción y ruina. Pues bien, ahora algunos parecen empeñados en repetir la jugada, pero con un envoltorio más amable. Antes era urbanismo. Ahora es verde. Antes se hablaba de recalificaciones. Ahora se habla de megavatios. Pero el mecanismo de fondo es el mismo: convertir el interés general en una excusa para hacer negocio privado.

Y lo peor es que esta vez se ha hecho además con una coartada moral. Porque cuestionar determinados macroproyectos energéticos casi te convierte automáticamente en sospechoso de estar en contra del progreso. Como si defender el territorio fuera una actitud reaccionaria. Como si exigir informes serios, garantías reales y respeto a la gente del campo fuera una traba al futuro. No. Lo que frena el futuro no es pedir legalidad. Lo que lo destruye es convertir la transición ecológica en una máquina de expolio. Y doy fe de la cantidad de ataques programados que he recibido cada vez que he publicado escritos denunciando lo que estaba sucediendo en los distintos proyectos implantados en el territorio español. Ahora, curiosamente, aquellos que tanto mordían y tanto mentían (en redes sociales, claro), han desaparecido. Suele pasar cuando la mentira se les hace bola. 

El caso Forestalia deja al descubierto algo que mucha gente en los pueblos lleva años denunciando: la presión insoportable sobre los propietarios, la sensación de indefensión, la llegada de proyectos mastodónticos que se implantan con una brutalidad administrativa difícil de asumir. S e han denunciado casos de expropiaciones forzosas, de contratos opacos, de servidumbres impuestas, de expedientes troceados para colar lo que, presentado de manera íntegra, quizá no habría pasado el filtro. Y mientras tanto, desde los centros de poder se nos seguía vendiendo la imagen de un país moderno, comprometido con el medio ambiente y en plena transformación ecológica. La realidad, sin embargo, parece bastante más sucia.

¿Quién ha permitido todo esto? Pues los mismos que han firmado, quienes han promovido leyes, quienes han colocado a enchufados, quienes han mirado hacia otro lado cuando la gente salía a protestar, los mismos que han pisoteado a los trabajadores honestos que advirtieron de lo que no se debía hacer.   L os que han convertido la Administración en una pasarela para facilitar negocios millonarios. Y quién, desde la política, ha preferido mirar hacia otro lado mientras se llenaba la boca con palabras como sostenibilidad, transición justa o descarbonización. Hay demasiada palabrería y demasiado poco respeto por la verdad.

España tiene un problema serio con esto. Lo tuvo con el ladrillo y lo está teniendo ahora con las renovables mal gestionadas. Cambian los nombres, cambian los sectores y cambian los discursos, pero sigue apareciendo la misma estructura de siempre: amiguetes, intereses cruzados, empresas influyentes, despachos bien conectados y territorios periféricos sacrificados para que otros hagan caja. Y eso no es transición ecológica. Eso es saqueo con conciencia verde.

La verdadera modernidad no consiste en llenar el país de placas y molinos sin criterio. Consiste en hacerlo bien. En respetar el suelo, la biodiversidad, la legalidad y a las personas. En entender que no todo vale porque venga envuelto en un lenguaje amable. En aceptar que la energía del futuro no puede construirse sobre el desprecio al presente de quienes viven donde se clavan esas infraestructuras. Si la transición energética acaba pareciéndose tanto a la burbuja inmobiliaria, entonces no estamos ante una solución, sino ante otra estafa de época.

Y convendría decirlo sin rodeos: lo verde no es automáticamente bueno. Lo sostenible no es automáticamente justo. Y lo renovable no es automáticamente limpio si detrás hay corrupción, abusos y una maquinaria diseñada para que los de siempre sigan ganando mientras el campo se vacía y el paisaje se arrasa.