Carlos Cuerpo acaba de asumir la Vicepresidencia primera del Gobierno sin soltar la cartera de Economía, Comercio y Empresa, pero su departamento mantiene todavía tres proyectos de ley pendientes de avance en el Congreso de los Diputados. Los tres siguen atrapados en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, aunque en fases distintas de tramitación.

La iniciativa más veterana es el proyecto de ley para crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, registrado en esta legislatura el 21 de marzo de 2024. A fecha de hoy figura en situación de “Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital. Informe”, después de haber superado en noviembre de 2024 el debate de totalidad en el Pleno y de publicar sus enmiendas al articulado en diciembre del mismo año. Es, por tanto, la norma que lleva más tiempo sin culminar su recorrido parlamentario en esta legislatura.

Ese proyecto, además, arrastra recorrido anterior. En la legislatura pasada el Congreso ya dio luz verde al texto y lo remitió al Senado el 18 de mayo de 2023. Aquella versión decayó con el final anticipado de la legislatura, y el Gobierno volvió a registrarla en 2024. Su objetivo es crear una autoridad independiente para la resolución extrajudicial de conflictos entre entidades financieras y clientes, centralizando reclamaciones y fijando criterios uniformes.

El segundo texto pendiente es el proyecto de ley sobre administradores y compradores de créditos, presentado el 5 de marzo de 2025 y calificado el día 11 de ese mismo mes. El Congreso lo mantiene todavía en fase de enmiendas, con sucesivas ampliaciones del plazo que, según la ficha parlamentaria, alcanzan ya el 8 de abril de 2026. La norma transpone la Directiva 2021/2167 y busca regular el mercado secundario de préstamos dudosos, con exigencias de autorización, supervisión y protección del prestatario.

El tercer proyecto encallado es el que modifica los criterios de tamaño de las empresas a efectos de información financiera. Llegó al Congreso el 8 de noviembre de 2025, fue calificado el 18 de noviembre y también continúa en fase de enmiendas, con plazo ampliado hasta el 8 de abril de 2026. La reforma adapta al ordenamiento español la Directiva Delegada (UE) 2023/2775, que revisa los umbrales de tamaño empresarial para racionalizar obligaciones de información corporativa y ajustarlos al efecto de la inflación.