La Audiencia Nacional inicia este lunes 6 de abril el juicio del caso Kitchen, una de las piezas más sensibles derivadas del caso Tándem y una de las causas que más directamente golpean a la etapa de Mariano Rajoy en el Ministerio del Interior. En el banquillo se sentarán el exministro Jorge Fernández Díaz, su ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y varios altos mandos policiales por la presunta puesta en marcha de un operativo parapolicial dirigido a espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y a acceder a la documentación que guardaba fuera del control judicial.

El juicio se celebrará previsiblemente hasta el 30 de junio y contará con diez acusados. Entre ellos figuran, además de Fernández Díaz y Martínez, el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, el comisario José Manuel Villarejo, Andrés Gómez Gordo y el exchofer de Bárcenas, Sergio Ríos, considerado una pieza clave del operativo. Uno de los procesados inicialmente previstos, el comisario Enrique García Castaño, ha quedado fuera de la vista por motivos de salud.

La tesis de las acusaciones sostiene que entre 2013 y 2015 se articuló desde el entorno de Interior una operación clandestina para obtener material comprometedor de Bárcenas y de su familia en un momento en el que el PP se veía cercado por la investigación del caso Gürtel y por la causa sobre su caja B. Según esa versión, el dispositivo se financió con fondos reservados y utilizó como confidente a Sergio Ríos, chófer del extesorero, que habría cobrado 54.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Fernández Díaz y para Francisco Martínez, la misma pena que solicita para Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo. Para Villarejo reclama 19 años de prisión, la petición más alta de la causa.

La vista tendrá también una importante vertiente política. Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal están citados como testigos el 23 de abril, mientras que Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas comparecerán el 27 de abril. Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias declararán el 20 de abril como perjudicados.

La clave del juicio será determinar quién dio la orden y hasta dónde llegaban las responsabilidades políticas. Fernández Díaz niega haber conocido la operación, mientras que Francisco Martínez sostiene que actuó tras recibir indicaciones del entonces ministro y que trató de aclarar el asunto con Eugenio Pino. Esa contradicción ha sido una de las fracturas más visibles de la instrucción.

El procedimiento llega además sin que Rajoy, Cospedal o la dirección orgánica del PP se sienten en el banquillo, una ausencia que ha sido criticada por algunas acusaciones populares y por la Fiscalía en distintas fases del proceso.