La prórroga del contrato de gestión del Auditorio y Palacio de Congresos El Batel ha abierto un nuevo frente en Cartagena. MC Cartagena ha denunciado que el Gobierno de Noelia Arroyo ha optado por “blindar” el modelo actual de explotación del recinto y ha acusado al Ejecutivo municipal de actuar con falta de transparencia en la tramitación del acuerdo.

La crítica llega días después de que el Ayuntamiento aprobara activar la prórroga prevista en el contrato para que la actual adjudicataria continúe al frente de El Batel durante cinco años más, desde noviembre de 2026 hasta noviembre de 2031, en las mismas condiciones de servicio y con el mismo marco económico. El concejal de Hacienda y Educación, Ignacio Jáudenes, defendió entonces que la decisión permite mantener la actividad del auditorio y deja a la próxima Corporación municipal la elección del modelo de gestión que deba aplicarse cuando concluya ese nuevo periodo.

En ese contexto, el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, sostiene que la medida consolida un esquema que impide a Cartagena recuperar el control directo de una infraestructura pública. La formación asegura además que el asunto se llevó a la Junta de Gobierno fuera del orden del día y sin debate público suficiente, una acusación que figura en su comunicado y que, por ahora, este asistente no ha podido contrastar en el acta oficial de la sesión.

Además, el Gobierno local ha justificado la prórroga con los resultados acumulados del auditorio desde su apertura. Según los datos difundidos por el Ayuntamiento y recogidos por varios medios, El Batel ha acogido entre noviembre de 2011 y marzo de 2026 un total de 1.136 congresos, convenciones, jornadas y reuniones profesionales, con 402.094 asistentes. En paralelo, ha sumado 1.472 pases de espectáculos con más de 826.000 espectadores. En conjunto, el recinto supera los 2.600 eventos y los 1,2 millones de asistentes.

La actual gestora es la UTE formada por Gestípolis GH y Sonora Producciones, la misma que seguirá al frente del espacio si no se produce ningún cambio en el marco aprobado. La continuidad de esta adjudicataria hasta 2031 ha sido presentada por el Ejecutivo municipal como una fórmula de estabilidad para un equipamiento que considera estratégico en la actividad cultural y congresual de la ciudad.

MC, en cambio, interpreta la decisión en sentido opuesto. Para la formación cartagenerista, la ampliación del contrato prolonga un modelo que considera lesivo para el interés general y perpetúa la dependencia municipal de una gestión externalizada. En su crítica, el partido vuelve además sobre la historia del edificio y su elevado coste, un asunto que ya fue objeto de investigación municipal y sobre el que el Ayuntamiento llegó a señalar en 2017 que El Batel acabó costando 64 millones de euros.

Por lo tanto, lo que aflora de nuevo es la discusión de fondo sobre quién debe gestionar uno de los grandes equipamientos públicos de Cartagena, con qué control político y bajo qué equilibrio entre rentabilidad, servicio público y coste para las arcas municipales.