La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha puesto en marcha una campaña para organizar la que presenta como la primera huelga estatal de alquileres contra Alquiler Seguro, una ofensiva que, por ahora, no tiene fecha de arranque, pero que abre una nueva fase de confrontación entre el movimiento inquilino y una de las principales firmas del sector. La organización sostiene que la compañía mantiene prácticas “sistemáticas y estructurales contrarias a la legalidad” y plantea esta campaña como una forma de presión colectiva ante lo que considera una respuesta insuficiente por la vía administrativa y judicial.

Según la Confederación, la primera fase consistirá en recorrer las cerca de 30.000 viviendas que Alquiler Seguro gestiona en España para informar a los arrendatarios e impulsar su organización. Los sindicatos aseguran que ya cuentan con cientos de familias implicadas y que la convocatoria definitiva de huelga se someterá más adelante a debate en asambleas. De momento, el movimiento ha optado por activar una campaña estatal de captación y coordinación antes de fijar un calendario concreto de impago colectivo.

La organización enmarca esta ofensiva en una acumulación de conflictos que, a su juicio, no puede seguir esperando. En su comunicado, denuncia el cobro de honorarios que considera ilegales, la imposición de seguros y suministros vinculados a empresas del mismo grupo, la falta de mantenimiento en algunas viviendas y otros cargos que, según sostiene, encarecen de forma abusiva el acceso al alquiler. Entre sus reclamaciones figura la devolución del dinero abonado por los inquilinos y una impugnación más amplia del modelo de acceso a la vivienda en arrendamiento.

El origen del conflicto se remonta, al menos, a febrero de 2024, cuando el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid llevó a los tribunales varias de estas prácticas y presentó una denuncia ante la Dirección General de Consumo. Aquel frente desembocó después en un expediente sancionador del Ministerio y, finalmente, en una multa de 3,6 millones de euros impuesta por Consumo en diciembre de 2025 por vulneración de derechos de los consumidores. La sanción se apoyó en varias infracciones, entre ellas la imposición de seguros no solicitados o de servicios adicionales a los arrendatarios.

Ese punto es relevante porque actualiza el marco del conflicto: la multa ya no está en fase de mera propuesta, aunque su recorrido administrativo no se ha cerrado del todo. Alquiler Seguro anunció que recurriría la resolución y ha defendido en distintas ocasiones que cumple la norma “a rajatabla” y que la controversia responde, en parte, a una discrepancia de interpretación jurídica sobre algunas prácticas del sector.

En paralelo, sigue viva la batalla judicial impulsada por el movimiento inquilino. El primer juicio relacionado con este conflicto no comenzará hasta 2028, una demora que los sindicatos presentan como una prueba más de la lentitud de la justicia para responder a una crisis habitacional que consideran urgente. Sobre esa base, la Confederación defiende la huelga de alquileres como un instrumento de desobediencia y acción directa, al entender que ni la sanción administrativa ni los procedimientos individuales bastan para reparar los perjuicios sufridos por los arrendatarios.

La organización sostiene, además, que el modelo de negocio de Alquiler Seguro quedaría especialmente tensionado si prosperara una movilización de este tipo, ya que la empresa basa parte de su actividad en ofrecer a los propietarios garantías de cobro. Los sindicatos creen que una huelga coordinada podría obligar a la compañía a reordenar su funcionamiento y elevar la presión tanto sobre la inmobiliaria como sobre el conjunto del mercado del alquiler. Esa es, precisamente, la dimensión política que quieren dar a la campaña: no limitarla a un conflicto con una sola empresa, sino conectarla con el debate sobre los costes de entrada a la vivienda y el encarecimiento sostenido de los arrendamientos.

La campaña llega, además, en un momento de fuerte tensión sobre la vivienda en España. En las últimas semanas, el debate se ha intensificado por la prórroga extraordinaria de contratos y por la presión del Gobierno para que los grandes operadores apliquen las nuevas medidas de contención del alquiler, un contexto en el que el movimiento inquilino trata de reforzar su capacidad de movilización y de trasladar conflictos locales a una escala estatal.