La Audiencia Nacional retoma este martes 7 de abril la vista oral del caso Kitchen con una segunda jornada centrada, otra vez, en las cuestiones previas. Tras el arranque del juicio el lunes, serán ahora la Fiscalía y el resto de acusaciones las que respondan a las peticiones formuladas por las defensas, que han intentado desactivar parte del procedimiento antes de que entre de lleno en el examen de los hechos.

En el banquillo se sienta una decena de antiguos altos cargos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional de la etapa de Mariano Rajoy, con el exministro Jorge Fernández Díaz como principal acusado. Junto a él figuran, entre otros, su ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino; el chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, captado como confidente; y varios exmandos policiales, entre ellos José Manuel Villarejo. La Fiscalía mantiene para Fernández Díaz y Martínez una petición de 15 años de prisión por una supuesta operación parapolicial organizada en 2013 para espiar al extesorero del PP y hacerse con documentación sensible sobre el partido en plena resaca de Gürtel y de los papeles de Bárcenas.

La clave de la sesión de este martes estará en la réplica de las acusaciones a la estrategia desplegada por las defensas en la apertura del juicio. Los abogados de los acusados reclamaron la nulidad de varias pruebas, entre ellas grabaciones incautadas a Villarejo, y cuestionaron además la competencia de la Audiencia Nacional, al sostener que la causa debería haberse remitido a los juzgados ordinarios de Madrid. Esa ofensiva procesal busca debilitar el andamiaje probatorio sobre el que se sostiene la acusación y, en el mejor de los casos para los procesados, descarrilar o redirigir el procedimiento.

Entre los asuntos sobre los que deberá pronunciarse el tribunal figura también la posición de la Abogacía del Estado, que ha pedido que se rechace desde ya la pretensión de la Fiscalía de que la Administración responda como responsable civil subsidiaria por las posibles indemnizaciones derivadas del caso. Anticorrupción reclama compensaciones para Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, mientras la acusación particular eleva esa reclamación a 1,2 millones de euros. La Abogacía alega que el auto de apertura de juicio oral no recogió expresamente esa condición del Estado y que, por tanto, se habría lesionado su derecho de defensa.

La fase preliminar del juicio ha reabierto además el frente político del caso. El PSOE, personado como acusación popular, pidió en la primera jornada la suspensión del inicio de la vista para tratar de reactivar la investigación sobre la llamada “conexión política” de la trama, con la mirada puesta de nuevo en María Dolores de Cospedal y en su exmarido, Ignacio López del Hierro, ambos citados como testigos. Los socialistas también reclamaron que el PP pueda ser incorporado al procedimiento como partícipe a título lucrativo o, en su caso, como responsable civil subsidiario.

El proceso se adentra así en una semana decisiva desde el punto de vista técnico, aunque todavía lejos del fondo del asunto. Lo que se juzga es si desde la cúpula de Interior se articuló una operación clandestina, financiada con fondos reservados y sin control judicial, para vigilar a Bárcenas y sustraerle información que pudiera comprometer al PP.

La reanudación de Kitchen coincide, además, con otra jornada judicial de alto voltaje político: este mismo martes ha arrancado en el Tribunal Supremo el juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la trama de las mascarillas.