La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha defendido este viernes en Murcia el Estado de Derecho frente a los casos de supuesta corrupción política y ha asegurado que "quien haya cometido alguna ilegalidad o actividad delictiva, debe responder: todo el mundo por igual".

La exministra ha hecho una "histórica" visita al Consejo Jurídico de la Región de Murcia en compañía de su presidente, Antonio Gómez Fayrén, quien calificó así su presencia porque es la primera vez que la presidencia del Consejo de Estado acude oficialmente a la sede del órgano murciano en sus tres décadas de historia, y ha resaltado que, pese a contar con una plantilla de menos de 20 personas, el Consejo emite unos 400 dictámenes anuales.

Pregunta por las recientes informaciones judiciales sobre una presunta financiación irregular en el seno del PSOE, partido en el que milita, Calvo ha evitar entrar en la "controversia política" para preservar la neutralidad de su cargo, aunque ha insistido en que la responsabilidad penal no entiende de siglas ni puestos.

"Da igual si tienes cargo público o no; es más, si lo tienes determinados delitos están agravados", ha indicado Calvo a preguntas de los medios de comunicación. Al hilo, ha apelado a la "tranquilidad" de la sociedad española al subrayar que en los 48 años de democracia se han registrado episodios de corrupción de "muy diferentes procedencias" que han sido resueltos por los tribunales. "Hemos visto cómo se condena a quien está en eso. La justicia responde y eso es lo que nos da tranquilidad para seguir avanzando en una sociedad sana", ha aseverado la exvicepresidenta del Gobierno. 

Regularización de inmigrantes

En otro orden de cosas, Calvo ha confirmado que el Consejo de Estado dictaminó este jueves el real decreto para la regularización de inmigrantes del Ejecutivo central.

La norma ha sido remitida este viernes al Gobierno con diversas "observaciones" de carácter técnico que, según ha indicado, buscan "mejorar" la eficacia de la ley sin suplantar la legitimidad del Ejecutivo para sacar adelante sus proyectos.

"Los dictámenes no son de control político ni de crítica, son siempre de mejora", ha explicado Calvo, quien ha recordado que el contenido del documento es propiedad de la "autoridad consultante", no del Consejo de Estado.

En este sentido, ha explicado que el papel del órgano es aportar para que la decisión "se haga con el fin que se pretende", vinculándolo a los derechos y objetivos de carácter laboral de las personas que se encuentran en el país.