El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha llamado a impulsar movilizaciones para defender la convalidación del decreto de vivienda aprobado por el Gobierno a finales de marzo, una norma que prorroga contratos de alquiler y limita las subidas de renta en plena escalada del precio de la vivienda. El dirigente sindical planteó esa presión social como una herramienta para empujar a los grupos parlamentarios a respaldar el texto cuando llegue al Congreso, donde su aprobación sigue sin estar asegurada.

Sordo hizo ese llamamiento tras reunirse con el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, y defendió que “es bueno que la sociedad civil exprese en la calle la preocupación profunda que hay con los precios de la vivienda”. También reclamó a las formaciones políticas “altura de miras” para evitar que decaiga una medida que, a su juicio, responde a un problema que afecta ya no solo a hogares vulnerables, sino también a trabajadores con “salarios decentes” que no pueden asumir renovaciones con subidas del 20% o del 30%.

El decreto al que se refiere CCOO entró en vigor tras su publicación en el BOE el 20 de marzo. Entre sus puntos centrales figura una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler de vivienda habitual vigentes en la fecha de entrada en vigor de la norma y cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2027, siempre que lo solicite el arrendatario. Además, establece que la actualización anual de la renta no podrá superar el 2% hasta esa misma fecha, con aplicación obligatoria en el caso de los grandes tenedores.

La norma, sin embargo, necesita ser convalidada por el Congreso en las próximas semanas y ahí está el principal problema político. El PP ya ha rechazado negociar su apoyo y ha dejado clara su oposición al decreto, mientras Sumar intenta sostener una ofensiva política y social para evitar que la medida caiga. El clima parlamentario no es precisamente optimista: distintas informaciones publicadas estos días coinciden en que el respaldo suficiente no está amarrado.

Además, Sordo defendió una agenda de vivienda bastante más amplia. Reclamó que nadie tenga que destinar más del 30% de sus ingresos a una vivienda digna, pidió elevar el parque asequible hasta dos millones de viviendas en diez años, topar de forma temporal los alquileres en zonas tensionadas, frenar la especulación de los fondos de inversión y regular, e incluso prohibir en algunos casos,  el uso turístico de viviendas. También cargó contra las comunidades autónomas por, a su juicio, ponerse “de perfil” ante un problema que considera ya estructural.

Por su parte, Antonio Maíllo respaldó la necesidad de trasladar el pulso a la calle y advirtió de que votar contra el decreto puede acarrear un “coste social y electoral” para quienes se opongan. El líder de IU quiso presentar el frente abierto por la vivienda como una batalla política de primer orden para la izquierda, en un momento en que el acceso al alquiler se ha convertido en una de las principales fuentes de malestar social.

La presión sindical se suma así a la estrategia ya activada por Sumar, que ha pedido reuniones a los grupos parlamentarios y confía en que la combinación de negociación y movilización ayude a salvar una norma que considera clave.